Una Constitución irreformable
La fiesta de la Constitución se vio marcada este año por el debate, al menos en voz baja y de pasillos, sobre la reforma o no de la Carta Magna.
Aludió a ello la vicepresidenta del Gobierno tras el consejo de ministros, para decir que ahora no es planteable una reforma de la Constitución porque eso sería demasiado caro.
No. Corregimos a Soraya Sáenz de Santamaría: no es planteable porque no existe el más mínimo consenso entre los dos grandes partidos. Y sin ellos resulta imposible ningún cambio. Ésa es la realidad.
La dificultad no hay que encontrarla en el procedimiento agravado, que requeriría disolución de las Cortes, elecciones generales y referéndum, sino en esa ausencia de consenso entre las fuerzas políticas. El que sí existió cuando se elaboró y se aprobó el texto, al comienzo de la transición.
Un acuerdo previo entre PSOE y PP para una reforma constitucional hoy requeriría, para empezar y todavía sin entrar en contenidos, ponerse de acuerdo sobre qué asuntos habría que modificar. Por ello, un planteamiento maximalista, que abarcara demasiados aspectos, podría constituir el primer obstáculo insalvable. El pacto primero deberá ser minimizar en lo posible el cambio, precisamente para hacerlo viable.
Es lugar común que la actual Constitución no ha resuelto el problema territorial. Y abordarlo es entrar en asuntos mayores. Y en dificultades graves para el acuerdo. Por ejemplo, si el PSOE insistiera en su proyecto de delinear un estado federal. Parece evidente que el PP, cuya doctrina política es ‘autonomista’, enarbolará una cerrada negativa a caminar por esa ruta.
No parece que exista gran dificultad en admitir la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba, de incluir la Sanidad como otro de los derechos fundamentales. Porque tendrá tan escasa efectividad práctica como sucede con los reconocimientos del derecho al trabajo y a una vivienda digna, entre otros. Son grandes declaraciones, objetivos y buenas intenciones, pero el hecho de aparecer en el articulado en absoluto garantiza que se cumplan para el cien por ciento de los españoles.
Desde luego que se abordaría la reforma de la sucesión a la Corona, con el fin de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer. Algo con lo que están de acuerdo todas las partes afectadas, incluyendo don Juan Carlos y el príncipe Felipe, pero que, desde luego, sólo sería de aplicación para el heredero del actual príncipe de Asturias, su hija la infanta Leonor. A pesar del consenso existente, también entre los españoles, ese cambio nunca se planteará en solitario, sino formando parte de un conjunto mucho más amplio de modificaciones. Es conocida la resistencia, y el temor, de La Zarzuela a que semejante consulta se convierta en un referéndum sobre la monarquía en sí misma.
Pienso que la Constitución de 1978 necesita ser puesta al día. Y también que, como han repetido los expertos, debe abordarse con cuidado. Pero, sobre todo, tengo la impresión de que costará mucho que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Faltan la generosidad, el sentido de Estado y el patriotismo que mostraron cuando se negoció por vez primera. Y eso convierte a nuestra Carta Magna en prácticamente irreformable.
Dicho lo cual, añado: me encantaría equivocarme.
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