Contra Puigdemont y a trompicones
Una de las críticas habituales que se formulan contra Rajoy, y en más de una ocasión lo hemos hecho también en estas páginas, se refieren a su pasividad, a la proverbial inactividad y ausencia de decisiones, acreditados repetidamente por el presidente del Gobierno.
Se le acusa, y como digo casi siempre con razón, de que apuesta por quedarse quieto, por dejar que las cosas discurran solas, sin querer intervenir. De optar, en fin, por verlas venir y dejarlas pasar. Es el famoso 'tancredismo' de Mariano Rajoy.
Bueno, pues esta vez no ha ocurrido así. Esta vez, a propósito de la posible elección en diferido (que diría María Dolores de Cospedal), o sea, telemáticamente, a distancia, de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña, esta vez el Gobierno ha actuado.
Con el objetivo de impedir una elección ilegal, y para no tener que recurrir a la traumática vía de promover que se anulara una votación del Parlament, el Gobierno se ha movido. A trompicones, como ha podido, pero lo ha hecho. Pasividad esta vez, ninguna.
Ha actuado sabiendo, y asumiendo, que con ello corría riesgos. Aunque también le ha faltado información. Al menos en lo que se refiere al Consejo de Estado, donde, tras consultar con su presidente, Romay Becaría, no esperaban el informe en contra que emitió el alto organismo.
A pesar del desgaste mediático y político ya sufrido, y volviendo a asumir riesgos de nuevo, el Gobierno tiró para adelante, otra vez a trompicones, y decidió acudir al Tribunal Constitucional. Sin tener garantías de un pronunciamiento favorable. Y por encima de las advertencias de que podía provocar una grave e indeseada fractura interna.
Al final, la jugada le ha salido bien. Porque, a pesar de que el recurso no ha sido aceptado por el TC (ha quedado pendiente de admisión), sin embargo ha logrado el objetivo final merced a una finta jurídica.
Fueron horas críticas, de un sábado de nervios, en el que el Tribunal Constitucional asumió que existía una situación de "urgencia excepcional", y al final acordó prohibir la investidura en ausencia de Carles Puigdemont. Con lo que bloqueó una elección a distancia, sin presencia del candidato. Y, en el caso de que pensara presentarse en España, le exigió autorización judicial para poder asistir a la sesión prevista hoy en el Parlament.
Desde no pocas instancias, han abundado las críticas por lo sucedido. Al Gobierno, al presidente, y singularmente a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, supuesta cerebro de la operación.
Y, sin embargo, tengo que decir que, en mi opinión, lo han hecho bien. Al resultado me remito. Se ha conseguido el objetivo. Así que, esta vez, enhorabuena.
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