¡Queda usted detenido!
Me imagino el estupor de los catorce altos cargos de la Generalitat cuando vieron llegar a los guardias civiles y escucharon el famoso ¡Queda usted detenido!, o frase semejante. Y vieron que a continuación eran conducidos a dependencias judiciales.
Por si las moscas, Oriol Junqueras, que en ese momento se encontraba en una radio, evitó acercarse a la consejería de Economía que encabeza, invadida por los agentes, y se dirigió a la sede de la Generalitat para reunirse con Puigdemont y diseñar la reacción inmediata.
Una providencia tan drástica, como es la detención de personas con cargos ejecutivos en el gobierno regional, puede impresionar a algunos, por lo inaudito y extremo de la medida. Y hacerles temer una respuesta desesperada por parte de los radicales independentistas. No creo que vaya a ocurrir.
Me permito traer a la memoria unos episodios semejantes, desarrollados hace pocos años en el País Vasco, cuando aquella tierra seguía viéndose ensangrentada por las pistolas de ETA.
Se procedió al cierre del diario Egin, órgano oficioso de los terroristas. Y no pasó nada. Buen número de herriko tabernas se vieron clausuradas. Y no pasó nada. Y, por si fuera poco, la Mesa Nacional de Herri Batasuna al completo quedó ingresada en prisión. Y no pasó nada.
Antes de que tales cosas acaecieran, en el imaginario político esas acciones se veían como la chispa que provocaría el acabose en el País Vasco, la hecatombe, el holocausto final. Algo que no ocurrió.
El uso (proporcionado, por supuesto) de la fuerza que el Estado tiene, la aplicación de las leyes, son la solución a desafíos como el que plantean los independentistas catalanes.
No se anduvo con chiquitas el Gobierno republicano cuando, el 6 de octubre de 1934, a las ocho y diez de la tarde, Lluis Companys traicionó al Estado y proclamó la República Catalana.
Como es bien conocido, a las siete de la mañana del día siguiente, las tropas entraron en el Palacio de la Generalidad y detuvieron a Companys y su gobierno; a los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas y Estanislau Ruiz; y al presidente del parlamento, Joan Casanovas. Posteriormente, en el Ayuntamiento, arrestaron al alcalde, Carles Pi i Sunyer, y a los concejales de ERC. Todos ellos fueron trasladados al buque "Uruguay", anclado en el puerto de Barcelona y convertido en prisión.
El presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados en el Tribunal de Garantías Constitucionales y condenados por rebelión militar a treinta años de prisión, que pasaron a cumplir en los penales de Cartagena y Puerto de Santa María.
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