¿Tribunal? ¿Constitucional?
Cuando el Tribunal Constitucional legalizó Bildu, o sea, el partido que ocultaba detrás al mundo de ETA y Batasuna, Esperanza Aguirre criticó la sentencia, pero sobre todo afirmó que había llegado el momento “de plantearse muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son”. Añadía que, si hay que hacer recortes, “a lo mejor hay que empezar a pensar que el TC sea una sala del Supremo”.
Volvió sobre ello hace pocos días, durante la presentación, en la Asociación de la Prensa, del libro de Gaspar Ariño sobre regeneración de la democracia. Insistió en su “falta de independencia del poder político”, patente en casos como la legalización de Bildu, y apuntó que “de tribunal sólo tiene el nombre”.
Aguirre calificó al Tribunal Constitucional como “sala que le enmienda la plana al Supremo”, lo cual constituye “un atentado a los principios más elementales del derecho”, y sentenció: “En los más de 30 años, si algo ha quedado claro en su labor es su falta de independencia del poder político”. Criticó que los miembros del TC se hagan llamar “magistrados”: sólo una mínima parte provienen de la carrera judicial “y no tendrían derecho a utilizar tal nombre”.
Hoy, una vez más se ha demostrado lo conveniente que puede resultar para un partido político, en este caso el PSOE, colocar un hombre suyo al frente del Tribunal Constitucional. Pascual Sala, factótum de la legalización de Bildu, ha llevado ahora la voz cantante en la sentencia sobre el matrimonio homosexual.
Por tan valiosos servicios prestados, pronostico que Pascual Sala pasará a zona negra de la historia jurídica y política de este país, junto al que fuera primer presidente del Tribunal Constitucional, García Pelayo, que validó el atropello de la sentencia de constitucionalidad de la expropiación de Rumasa. Aquel primer pecado original dejó herido de muerte al TC, lo ocurrido con Bildu y ahora con el matrimonio homosexual son poco menos que la puntilla.
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