La amarga “medicina Rajoy” para Cataluña
A propósito del desafío separatista de Cataluña, y por lo que se refiere a la actuación del presidente del Gobierno, esta vez no parece cierto que todo se reduzca a aguantar. El famoso tancredismo, del que se acusa a Mariano Rajoy, tantas veces con razón, en esta ocasión no lo está aplicando.
Para afrontar el contencioso catalán, convertido en el principal problema que amenaza a este país, lo que ha hecho el Gobierno es tejer despacio, sin mucho ruido, un tupida red legal que bloquea, impide, ralentiza y evita cualquier paso adelante en la dirección de celebrar el referéndum.
Por cierto que en tal estrategia, en su diseño y realización, tiene un protagonismo destacado la vicepresidenta, que hace así honor a su condición de abogada del Estado.
Una de las decisiones más sagaces, por cierto, ha sido canalizar en gran medida los castigos penales a la zona del bolsillo.
Es decir, obligar a quienes tomen decisiones ilegales a abonar de su peculio personal los gastos derivados de tales movimientos. Algo que ya ha provocado la salida de al menos tres consellers catalanes, dispuestos, si hiciera falta, a ingresar en la cárcel (supondría convertirse en mártires, políticamente hablando) pero no a poner en peligro, ni disminuir lo más mínimo, el patrimonio familiar. Con el dinero no se juega, ¡faltaría más! Ya he escrito en alguna ocasión sobre esos independentistas de cintura para arriba.
Y otra de las líneas maestras se ha centrado en trasladar a la persona de los cargos administrativos y funcionarios, que tomen o secunden decisiones ilegales, la responsabilidad de esos actos, en la línea de sanciones que pueden conllevar la destitución y la pérdida del empleo.
Si, en su día, el consejo de Torcuato Fernández Miranda a don Juan Carlos, para desmontar el entramado institucional del franquismo, fue ir “de la ley a la ley”, es decir, apoyarse en las propias normas del sistema para desmontarlo desde dentro, la estrategia del Gobierno respecto a Cataluña es también la ley: dictarla y aplicarla.
Así, ha ido taponando todos los posibles resquicios, recurriendo para ello a la legislación ya vigente, sin descartar alguna interpretación ‘creativa’, o dictando nuevas normas en el caso de que se apreciasen agujeros.
De ese entramado legal levantado, la pieza más decisiva fue atribuir carácter obligatorio a las resoluciones del Tribunal Constitucional, mediante la aplicación de penas a quienes las incumplan. Esta vez el TC sí se ha convertido en garante de la legalidad y del mantenimiento del sistema constitucional, y no en predicador mudo y en desierto como era hasta aquí.
En aplicación de sus propios dictámenes, una de las decisiones del alto tribunal ha sido declarar nulas las partidas presupuestarias de la Administración catalana que, directa u ocultamente, puedan financiar el referéndum del 1-O.
Y lo último ha sido la exigencia del Gobierno de que se identifique, uno por uno y por su nombre, a todos los interventores y responsables económicos del sector público catalán, advirtiéndoles de posibles “responsabilidades penales o contables” si mienten, se retrasan o se equivocan. Es un acuerdo de la última Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Una vez más, la legalidad como remedio. Como medicina.
De esta forma, el Ejecutivo conocerá quiénes dan el visto bueno a los movimientos del dinero público. Se les exigirán responsabilidades administrativas, contables y, en su caso, penales, si certifican gastos o autorizan pagos destinados, directa o indirectamente, a la celebración de la consulta independentista.
Ya no valdrá, por ejemplo, la excusa de la obediencia debida. Ni se camuflará en el concepto “voluntarios” la responsabilidad de algunos.
La interventora general de la Generalitat de Cataluña tendrá que remitir, a más tardar el miércoles, día 26, el listado de todos los órganos y entidades que conforman el sector público de la comunidad, así como los nombres de los máximos responsables; de los interventores delegados; de los responsables económicos y financieros en el caso de que no exista interventor; del director general de Presupuestos, y del director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Con el envío de este listado, cada uno de los afectados se da por requerido expresamente para cumplir lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada, so pena de tener que hacer frente a las responsabilidades oportunas.
El Gobierno justifica esa vigilancia de las cuentas catalanas en la obligación que tiene la Generalitat de cumplir los compromisos que adquirió a cambio de beneficiarse de los mecanismos adicionales de financiación y liquidez puestos en marcha para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales.
Unos compromisos que se han tambaleado en las últimas semanas. No sólo porque se ha detectado ya algún gasto no justificado (los 6.150 euros de la partida destinada a procesos electorales), sino también por las recientes afirmaciones de altos cargos insistiendo en su voluntad de continuar con el referéndum.
La “medicina Rajoy”, amarga en este caso, va produciendo sus efectos.
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