Martes 22/05/2018. Actualizado 10:45h

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¿Nos fiamos de los jueces?

El estamento judicial protagoniza cada poco tiempo una sorpresa, un susto, un disgusto... Lo cual causa desconcierto entre los ciudadanos, malestar, protesta e incomprensión, y en definitiva acaba poniendo en entredicho la figura de los jueces como tales.

La sentencia del 'Prestige' es el último episodio, con esa tardanza de once años en tomar la decisión, al que hay que añadir la incomprensible actuación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y sus prisas por dejar en libertad a los etarras multiasesinos. A lo que se ha sumado el acuerdo del Tribunal Supremo en la misma dirección.

Ahí está también la actuación del juez Elpidio José Silva, metiendo en la cárcel por dos veces al ex presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, al que tuvo que sacar la Audiencia Provincial de Madrid. A la vez, la detención de cinco ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ordenada por Gómez Bermúdez, con el consiguiente ingreso en la cárcel del ex director general.

Ahí está la juez Alaya y su investigación sobre los ERE's de Andalucía, con el escándalo de las fechorías de la UGT andaluza, sus facturas falsas, grandes fiestas y viajes a costa de la Junta.

Y las desconcertantes, por discrepantes, decisiones de los tribunales de Madrid, diversas según quién tenía que juzgar, a propósito de la privatización de la gestión de la Sanidad regional.

El juez Aláez, instructor del accidente del Alvia en Santiago de Compostela, imputó a cinco cargos de ADIF y la audiencia provincial de La Coruña ha dejado sin efecto esa resolución.

No puede faltar en este esbozo la actuación de José Castro, instructor del 'caso Palma Arena' y sus derivados, que ha llevado a la imputación de Iñaki Urdangarín. Castro imputó a la infanta Elena en contra de la opinión del fiscal, y la Audiencia de Palma la echó abajo. Algo parecido le ha ocurrido con Francisco Camps y con Rita Barberá, a los que ahora ha citado como testigos.

Decisiones estrambóticas, algunas de ellas irregulares y hasta ilegales, junto a otras justicieras e incluso ejemplarizantes. Abismales diferencias en la interpretación de las leyes, enfrentamientos y descalificaciones de instancias superiores a las inferiores, retrasos de años a la hora de aplicar justicia...

Todo eso se da en el día a día del trabajo jurisdiccional en España. Que explica que muchos ciudadanos teman acudir a los tribunales porque no existen garantías sobre qué les puede ocurrir, tantas veces dependiendo de qué juez les 'toque'. Se explica la atmósfera de inseguridad que se ha implantado.

Sin embargo, con todos esos problemas y disfunciones, creo que lo conveniente es seguir apostando por los jueces. Aunque existan errores y equivocaciones, y hasta actuaciones ilícitas en algún caso, en el balance global de su labor son más los aciertos que los fallos.

Y, sobre todo, que no nos queda otro remedio.

editor@elconfidencialdigital.com

Twitter: @JoseApezarena

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José Apezarena

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