¡Qué mal vigila Hacienda... cuando quiere!
Ha sido noticia destacada estos días la decisión del Gobierno de exigir a Cataluña, a la Intervención General de la Generalitat, información semanal sobre los gastos que realizan los distintos organismos autonómicos, con el fin de comprobar que no se desvían dineros a financiar el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.
Esa capacidad del Gobierno de fiscalizar las cuentas de Cataluña no es algo nuevo, porque Hacienda ya tenía el control telemático del registro de facturas de la Generalitat, de forma que podía conocer con detalle a dónde van los fondos, y qué es lo que se paga o se deja de pagar. Recibía información detallada todos los meses. La novedad es que ahora se deben rendir cuentas todas las semanas y no solo mensualmente.
La orden dictada ahora por el Gobierno parecería especialmente acertada y oportuna, porque se dirige a impedir que los millones de euros suministrados por el Fondo de Liquidez Autonómica vayan a parar a fines separatistas. Un control que parecería definitivo.
La cosa quedaría ahí, incluso añadiendo un elogio a la sabiduría y diligencia del Gobierno, si no fuera por la sorpresa que ha causado la noticia publicada ayer en El Confidencial Digital.
Resulta que el Gobierno lleva dos años mirando a otro lado en relación con Cataluña, haciendo la vista gorda respecto a pagos que en realidad han ido a parar a entidades, instituciones y eventos vinculados directamente con el proceso de independencia. ¡Dos años de ceguera!
El mecanismo de trabajo del FLA consiste en que la autonomía correspondiente firma facturas de los pagos que tiene pendientes, las envía al ministerio de Hacienda, y este se encarga de ingresar directamente las cantidades a los destinatarios. O sea, no manda el dinero a la administración autonómica sino a los acreedores.
Bueno, pues, de acuerdo con las revelaciones hechas por ECD, procedentes de funcionarios de Hacienda, estos dos últimos años el ministerio ha tolerado que la Generalitat no firmara facturas de hospitales, farmacias y residencias de ancianos, que por tanto no recibían a su tiempo el dinero adeudado, mientras que sí autorizaba las libradas por entidades pro independencia, que percibían sus ingresos sin reparos y con toda puntualidad.
¡Vamos, que en ese tiempo a Hacienda (al Gobierno) le ha importado un rábano lo que estaba haciendo Cataluña con los fondos del FLA! Y, como consecuencia, ha ayudado a engordar los apoyos al independentismo. Así que las prisas y urgencias de ahora deberían haberse tomado hace ya dos años.
¿Quién responde de tamaña dejadez? ¿A quién culpar de la inconsciencia de permitir financiarse a entidades, fundaciones y organismos independentistas sirviéndose del dinero graciosamente enviado por el Estado?
¿Era incompetencia? ¿Era desidia? ¿Se trata de una complicidad secreta? Si fuera así, ¿de quién, con quién?
Hacienda tiene bien ganada fama (o mal ganada, visto desde el lado del contribuyente) de vigilar a conciencia y con eficacia probada. Por lo visto ahora, solo cuando quiere.
En este caso, no ha querido. Y harían falta respuestas rápidas y claras: quién, por qué y cómo.
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