Las miserias de los políticos

Una de las miserias de la clase política española en general, y de los políticos en particular, es la cerril resistencia a conceder la menor baza a sus rivales, ni siquiera en los casos en que lo que esté en juego sea el bien del país y el interés general.

Eso explica que, de modo sistemático, las formaciones política rechazan y votan en contra cualquier iniciativa o sugerencia de los de enfrente, por el mero hecho de que lo promueven los rivales, sin atender a si se trata de una buena idea o de algo que puede resultar útil al bien común.

Y, así, la oposición vota sistemáticamente en contra de las propuestas del Gobierno, al margen de que constituyan incluso una necesidad urgente para el país. Y, a la inversa, el Ejecutivo descarta automáticamente cualquier propuesta de la oposición únicamente por su procedencia, sin atender a posibles motivos de interés general.

Un episodio más de ese triste comportamiento es lo que ha ocurrido con la iniciativa del Gobierno de reformar la normativa sobre el Tribunal Constitucional, en la línea de implantar la efectiva ejecutividad de sus resoluciones y fallos, estableciendo para ello serias sanciones en caso de incumplimiento.

Cierto es que la idea se ha puesto en marcha precisamente a las puertas de un proceso electoral en Cataluña, las elecciones del 27-S, evento que puede convertirse en el primer paso para una declaración de independencia. Y que se ha presentado a última hora, en los meses finales de la legislatura. Pero las cuestiones de fondo no son esas: lo importante es si se trata de algo conveniente y aun necesario.

En mi opinión, la iniciativa del Gobierno tiene todo el sentido, a la vista de la grave coyuntura que se nos avecina con la amenaza independentista. Se trata, evidentemente, de un asunto de interés general, de gran calado, que justifica la adopción de medidas singulares y hasta extraordinarias para tratar de minimizar y aun eliminar ese riesgo. A graves problemas, graves soluciones.

La oposición ha hecho gala de ese nombre y, de forma generalizada, se ha opuesto en bloque a la reforma. Pero quién más se ha significado, como era de suponer, es el Partido Socialista, que sobre todo ha acusado al Gobierno de electoralismo. No ha existido una crítica de fondo a la propuesta de reforzar la capacidad ejecutiva del TC. Y, sin embargo, ¿no parece de toda lógica la exigencia de que las resoluciones del Alto Tribunal se cumplan?

La dirección socialista debería haberse colocado en la línea de respaldar esa iniciativa extraordinaria ante la gravedad del problema catalán. Y, aunque se trate de un proyecto ‘del Gobierno’, con sus errores incluidos, cerrar filas con él, en atención al bien general en juego, sin caer de nuevo en el manido error de oponerse por oponerse y solamente por no dar bazas a sus rivales. Porque estamos hablando de algo más que de una simple batalla por la mayoría parlamentaria.

Un cierre de filas con el Gobierno en este caso lo podrían explicar con bastante facilidad; los ciudadanos lo entenderían y hasta eso mejoraría la opinión sobre el partido y sus dirigentes. Pero no lo han hecho. Para no proporcionar ‘bazas’ al Ejecutivo.

Pienso además que, si realmente creen los socialistas que existe detrás electoralismo, y que por tanto la iniciativa va a dar votos al Partido Popular, la mejor modo de amortizar tal posibilidad sería precisamente sumarse al carro y asumir también el proyecto, con lo que, de existir ese supuesto efecto benéfico, lo compartirían ambos.

No sé por qué, me viene al magín la vieja fábula de aquel que recibió de los dioses el don de obtener lo que quisiera, si bien concederían el doble a su peor enemigo. Y el personaje solicitó quedarse tuerto, para que así su rival perdiera los ojos y quedara ciego.

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