Ciudadanos es incoherente con los cinco magníficos de Andalucía

La semana pasada vi publicada una viñeta en un periódico nacional, no recuerdo cual pero sí el sentido de la broma y la carga de profundidad que llevaba.

Se veía a Pedro Sánchez mostrando en voz alta su indignación por la visita del imputado Rodrigo Rato al despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El segundo bocadillo no tenía desperdicio. Decía algo así como lo que sigue: “Es indignante lo de Rato y Fernández Díaz en el despacho del ministro. Tienen que hacer como mi PSOE en Andalucía donde los imputados de mi amiga Susana Díaz tienen despacho propio”.

Traigo la humorada a colación porque Ciudadanos acaba de dejar claro que está dispuesto a permitir, efectivamente, que el PSOE y Susana Díaz mantengan en la Junta de Andalucía a los cinco altos cargos que están imputados por supuestos delitos de prevaricación.

Lo reconoció este miércoles el líder y portavoz regional de la formación que preside Albert Rivera en una entrevista a Europa Press.

Cinco cargos de confianza, investigados y que continúan con despacho propio. A saber:

-- Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva. Imputada por el juez de instrucción que investiga unas obras de ampliación de un muelle por la supuesta utilización de permisos medioambientales no pertinentes.

-- Inmaculada Oria, delegada provincial de Medio Ambiente y Ordenación en Granada. El Juzgado de Instrucción número 6 de esta localidad la investiga por presuntos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos de aguas fecales de la depuradora de la prisión de Albolote.

-- Sandra García, delegada del Gobierno andaluz en Granada. También ha sido imputada por el caso de la depuradora de Albolote.

-- Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta. Lleva imputado desde 2014 por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla por un presunto delito de prevaricación a raíz de una denuncia de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía -avalada por Fiscalía de Medio Ambiente- contra la autorización, año tras año, de la polémica práctica del silvestrismo durante el paso migratorio de los pájaros fringílidos entre septiembre y noviembre.

-- José Manuel Ortiz Bono, delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente en Almería y primo segundo de la consejería de la Junta de este departamento. Ha sido imputado, a petición de la Fiscalía, por presuntas irregularidades cometidas en el cambio de uso (de forestal a agrícola) de casi 300 hectáreas de tierra en Tabernas, donde una empresa pretende cultivar olivos. Con el cambio de Gobierno, la Consejería ha perdido las competencias en materia de Ordenación del Territorio.

El acuerdo que firmaron PSOE y Ciudadanos en Andalucía para la investidura de Susana Díaz establecía que los imputados por corrupción debían ser “apartados de inmediato de cualquier cargo público, electo o designado”. La misma medida rige para los cargos que “mientan, manipulen su currículum o su cualificación profesional y académica”. Los socialistas han explicado a sus nuevos socios que sus imputados no están encausados por corrupción, sino por cuestiones administrativas relacionadas con la gestión.

Como destacaba hábilmente un periodista de El Mundo esta semana, Ciudadanos ha dado por buena esa interpretación sólo en algunos casos. En otros, como el de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, no la aceptan. Por un caso como el de los ‘cinco magníficos’ citados más arriba, la directora de Minas fue destituida.

Cuidado, señores de Ciudadanos, porque estas son las cosas que calcinan al ciudadano medio, que le vacunan contra la democracia y que les empujan a abrazar el populismo o a abandonarse al lánguido abstencionismo. Al grito de “Que no me tomen el pelo” te dejan en la estacada.

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