Demanda judicial contra el político que no cumpla sus promesas
Se acabó lo que se daba. Ya está todo el pescado vendido. El que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Toca votar, aguardar los resultados y esperar que los políticos cumplan lo que han prometido. ¿O no?
Realmente, uno debería tener la posibilidad de exigir cuentas a los políticos por incumplimiento del compromiso sellado con los ciudadanos. Sucede en cualquier ámbito de la sociedad. Yo llego un acuerdo a cambio de una contraprestación y si la otra parte no cumple, le puedo pedir responsabilidades.
En política sólo hay un modo: esperar cuatro años y penalizar al desleal retirándole tu apoyo. No es poco, pero se antoja insuficiente.
Hace tres años la Audiencia Provincial de Madrid estableció en un auto que no se puede demandar a los partidos políticos por el incumplimiento de programa electoral. A juicio de este tribunal, las promesas que se hacen en campaña no constituyen un contrato que obligue a las partes.
Este proceso judicial se inició cuando tres particulares y una plataforma cívica interpusieron una demanda contra el PSOE por no haber endurecido las penas contra el maltrato animal, como había prometido en su programa de 2008.
La sección octava de la Audiencia de Madrid explicó entonces que el cumplimiento de los programas electorales escapa al control jurisdiccional. No existe –dijo- “materia justiciable” sobre la que pueda pronunciarse, ya que las promesas electorales y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política enmarcada en principios de hacer o no hacer.
“El Estado de Derecho ha procurado extender al máximo las cotas de justicialidad”, decía la Audiencia, pero la actuación de la Justicia “se detiene en el ámbito estricto de las funciones de Gobierno, al que le pertenece la elección de medios (...) y la posibilidad de posponer unos compromisos por otros o sustituirlos”.
Y concluía: “La posibilidad de control jurisdiccional de la acción política supondría una grave politización de la Justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes”.
El argumento jurídico es razonable pero uno se queda con cierta sensación de indefensión. ¿No les parece?
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