España no puede ser una república bananera
No puede serlo pero vamos camino de ello. Lo digo a cuenta de lo que está a punto de pasar con la reforma eléctrica que ultima el Gobierno.
Por no alargarme mucho: allá por el año 2006 este país decidió que las energías renovables iban a ser la punta de lanza de la industria española. Trazó un mapa, diseñó una hoja de ruta, estableció unas reglas, fijó unas primas para incentivar la inversión y animó a todos a participar en la fiesta.
Resultado: miles de inversores y entidades financieras hicieron sus cálculos, vieron una oportunidad, aceptaron la apuesta y desembarcaron en el negocio. Se instalaron casi 60.000 plantas de producción de electricidad con placas solares. A eso hay que sumarle los molinos de viento.
Durante estos años, y aún hoy, España ha alardeado de su pujanza en esta materia. Somos una punta de lanza en energía solar fotovoltaica, energía eólica y en solar termoeléctrica. Estupendo.
Pero ahora hay un problema. Las cuentas no salen y la prima que se fijó resulta en estos momentos inasumible. Por eso el Gobierno prepara una reforma eléctrica donde va a bajar sustancialmente la factura de las renovables.
Es decir, a mitad de partido, se dispone a cambiar las reglas del juego. Aún no se sabe exactamente cómo pero hay varias opciones: alargar, de forma unilateral, los tiempos de vencimientos de los inversores o reducir de forma sustancial la retribución.
Los bancos españoles que participaron en la bicoca ya han sido avisados. Deben prepararse para digerir ya unos 20.000 millones de euros. Las cifras son tremendas.
Los proyectos fotovoltaicos acumulan deudas por importe de aproximadamente unos 18.000 millones de euros, de los cuales en torno a 14.000 están en manos de entidades financieras españolas.
Lo mismo sucede con las plantas termosolares, que sumarían una deuda de 9.000 millones. De esa cantidad, según las fuentes consultadas, unos 6.000 millones se concentran en bancos nacionales.
El resto de la deuda, otros 7.000 millones, se encuentra en manos de entidades extranjeras, que se muestran menos receptivas a refinanciar los préstamos, y por tanto no descartan dejar caer a algunas empresas y pequeños inversores del sector.
Y ahí está lo peor. En la penosa imagen que se transmite de España en el exterior. ¿Se podrá fiar de nuestro país en el futuro una empresa extranjera que valore la opción de invertir aquí? ¿No es este modo de proceder lo que caracteriza a las repúblicas bananeras?
Pues eso.
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