Pena de Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón abandona el Ministerio de Justicia sin dejar resueltas dos cuestiones importantísimas. Y es una pena.
En primer lugar, no ha logrado poner fin a la politización de la Justicia. España sigue con esta tremenda asignatura pendiente: purificar el método por el que se designan los jueces y magistrados de las principales instituciones de este país, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional.
El mismo día de su toma de posesión, Gallardón anunció su firme intención de acabar con este atropello. No lo logró: le falló el consenso (también aquí) y cosechó un sonoro fracaso.
Por eso, España sigue sin una escrupulosa separación de poderes. El legislativo tiene la potestad, sin ir más lejos, de nombrar a varios vocales del CGPJ mediante un bochornoso proceso de reparto de cuotas. Intolerable.
Hace poco leí que España ocupa el puesto 60 del ránking mundial de la independencia judicial. No me extraña.
En segundo lugar, Gallardón se marcha sin resolver otra cuestión grave y delicada: la filtración de sumarios judiciales de procesos en curso, en los que se ha decretado el secreto de la investigaciones y ni siquiera las partes conocen el contenido de las mismas.
Hay ejemplos muy recientes pero citaré sólo tres: el caso Gürtel (Francisco Camps), el caso ‘Campeón’ (José Blanco) y el caso ‘Palma Arena’ (Iñaki Urdangarín).
No me parece bien que la prensa permita juicios paralelos cuando las investigaciones judiciales no han concluido. El secreto de las actuaciones se estableció precisamente para garantizar la presunción de inocencia, dado que en algunas ocasiones no se logra probar las acusaciones.
Mientras esta cuestión se resuelve, la llamada ‘pena de banquillo’ se ha llevado ya por delante a muchísimas personas que han quedado señaladas como proscritos.
Los riesgos son enormes. Anónimos que persiguen la ruina de un personaje público cuyo nombre aparece citado en un sumario; manipuladores que filtran documentos parciales para influir en campañas electorales; linchamientos públicos en tertulias de televisión...
La Justicia debe ser implacable con los corruptos pero también debe poner fin de inmediato a este abuso, que daña a toda la sociedad.
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