Un fiscal general con arrestos
¡Cuánta falta le hacía a la Fiscalía General del Estado algo así! La irrupción de un elemento como Eduardo Torres-Dulce, con voz propia y la suficiente autonomía como para dar la impresión de hasta cierta independencia, se confirma como una buena noticia para España.
Veníamos del pasteleo más impúdico. Una institución que debía ofrecer garantías jurídicas a todo un Estado ha estado secuestrada y sometida al seguidismo más vergonzante.
La ley establece que el fiscal sea nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Y que sólo rinda cuentas al país.
Sin embargo, los inquilinos de La Moncloa han interpretado tradicionalmente que se trataba de un elemento más del Ejecutivo a su servicio. Se ha llegado a decir, incluso –con cierta sorna-, que el puesto debía denominarse más bien “Fiscal General del Gobierno”.
Lo cierto es que lo nombra el gobierno de turno y el cargo depende orgánicamente de él. Con esos mimbres...
Con eso y con todo, hay una novedad. En diciembre de 2011, nada más llegar Rajoy a La Moncloa, se dio a conocer el elegido para el puesto: Eduardo Torres-Dulce. Procedía de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, era el número dos de la carrera fiscal, de perfil moderado y un gran amante del cine: concretamente, del género western.
Pues bien. Ha pasado un año y Torres-Dulce se ha hecho con la placa de sheriff. Estupenda noticia.
Un ejemplo. Nada más conocerse la existencia de una supuesta contabilidad B en el Partido Popular y posibles sobresueldos a sus dirigentes declaró que había materia de investigación.
Se ha planteado incluso que el ministerio público llame a declarar a miembros de la cúpula del PP. “Vamos a investigar con imparcialidad y con absoluto rigor hasta el final”, dijo. Este jueves insistía de nuevo en esta misma idea.
Me parece perfecto.
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