La infanta imputada: que no cunda el pánico

Hago dos lecturas positivas de la noticia conocida este martes sobre la imputación de la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal.

La primera es que en este país, a pesar de los ‘tristes jueces mediáticos’ de los que hablé el otro día, la Justicia sensata no hace acepción de personas. No utiliza subterfugios y nos protege a todos por igual. Persigue a los supuestos cacos con motivaciones bien razonadas, tengan estos o no pedigrí. Por tanto, esta iniciativa serviría para demostrar que los magistrados no distinguen el color de la sangre cuando se trata de juzgar presuntos hechos delictivos.

Es una buena noticia que, además, nos beneficia a todos. Nadie está exento de sufrir un día un abuso, una ilegalidad, un atropello. Por eso, saber que en este país los jueces intentan actuar con equidad (a pesar de las presiones y de la tentación de los atajos) es una garantía.

En segundo lugar, esta imputación permite ahora a la Infanta Cristina defenderse, alegar lo que considere oportuno. Porque eso significa haber sido imputada. Ya lo he dicho en alguna ocasión: esta figura, que viene recogida en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es teóricamente una salvaguardia. Para eso fue diseñada.

Permite ejercitar el derecho de defensa y todos aquellos derechos que de él se derivan. El imputado tiene derecho a ser asistido por abogado, a no declarar, a mentir en su declaración (de hecho al imputado no se le toma juramento, ni puede cometer falso testimonio), a contestar a las preguntas que quiera y a no contestar a las que no quiera, a disponer de una copia del sumario (salvo que esté declarado secreto), a pedir que se practiquen diligencias y pruebas que sean de su interés, etc…

Si uno es citado a declarar como testigo, por ejemplo, no estás tan protegido: tienes la obligación de contestar a todo lo que se te pregunte y a decir la verdad; no puedes ser asistido por un abogado, ni puedes acceder al contenido del sumario.

Sin embargo, aquí nos gusta simplificar. Y que conste que los periodistas tenemos buena parte de culpa en ello. En este país imputado se suele identificar con delincuente. No es así: no todos los imputados acaban siendo condenados.

Dicho lo cual, si se termina demostrando que la Infanta Cristina cargó a Aizóon una vajilla de 1.700 euros, unas clases de salsa y merengue en su casa de Pedralbes, decoraciones con globos para fiestas de cumpleaños o un cocktail para 80 personas, que caiga sobre ella todo el peso de la ley. Será lo justo.

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