La perversión más dañina

En el fragor de la campaña electoral, que acaba de iniciar la última y decisiva semana de cara al domingo, ha pasado inadvertida una noticia de gran calado. La Fiscalía del Estado ha abierto una investigación para determinar si el Gobierno catalán utilizó “ficheros públicos”, con “datos personales” de los ciudadanos, para organizar la consulta independentista del 9-N.

Digo que esto muy grave porque, de confirmarse, supondría algo tenebroso: un organismo público se habría saltado, por motivaciones políticas, la inviolable reserva de sus datos privados que protege a cualquier ciudadano.

Que un empresario caradura argumente que el fin justifica los medios es terrible. Pero que un dirigente político lo haga es espeluznante. Porque nos pone frente a varias preguntas inquietantes:  ¿y hasta dónde está dispuesto a llegar este señor (con el poder que tiene) por lo que considera justo o conveniente? ¿cuántos principios considera legítimo saltarse para obtener ese bien que persigue?

Lo he dicho ya en alguna ocasión: la perversión más dañina para una sociedad es la de aquellos servidores públicos que tienen la responsabilidad de gobernar, de juzgar o de vigilar: políticos, jueces, policías.

Todos ellos ocupan una situación de privilegio. Sobre cada uno de ellos los ciudadanos han depositado su confianza de un modo único. Les han otorgado poderes concretos de carácter extraordinario, fuera de lo común: la capacidad de legislar, de hacer justicia y de portar armas para velar por el orden público. De ahí que  deban estar especialmente a la altura. Esa confianza no debe ser quebrada nunca porque es mucho lo que se les ha concedido.

Por eso, si se confirma que la Generalitat ha violado la legítima reserva de los datos privados de los ciudadanos catalanes por fines partidistas, deberá pagar por ello. Y de forma muy severa.

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