Si no quieres terrorismo, dame tu alma
Acaba de volver a plantear la cuestión abiertamente en España el profesor italiano Angelo Panebianco, en un artículo publicado este miércoles en El Mundo. ¿Hemos de renunciar ahora a un poco de libertad para lograr una mayor seguridad?
Los actos de guerra de los islamistas radicales son ahora muy difíciles de detectar. Los terroristas emplean estrategias domésticas, ataques muy simples, con armas y explosivos de bajo coste, reclutan adeptos que llevan años integrados en la sociedad… Todo esto hace muy complicada la tarea de prevención, por más que los servicios de inteligencia trabajen para conseguir lo imposible.
Por eso algunos países han planteado y dado vía libre a la cesión de “poderes excepcionales” al Estado. Sólo así será posible, advierten, detener a los exaltados antes de que atenten, cuando todavía están en una fase inicial de radicalización.
Si alguien manifiesta ideas extremistas, por ejemplo, se le detiene de forma preventiva. Pero ¿y la libertad de expresión? ¿Cómo evitar el atropello de las libertades individuales con la excusa de ofrecer mayor seguridad?
No hablamos de teorías. Años después del brutal ataque del 11-S salió a la luz en Estados Unidos el lado oscuro de esta nueva dinámica que fue aprobada por un gobierno. Gracias a la filtración de Edward Snowden el mundo pudo descubrir la magnitud del espionaje que los servicios de seguridad estaban llevando a cabo sobre todos los ciudadanos. Nacionales y extranjeros, Ángela Merkel incluida.
Pero no fue una excepción. El ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo y una tienda judía en París provocó en 2015 un movimiento similar en la vecina Francia. François Hollande aprobó una ley de vigilancia con disposiciones bastante agresivas: se permitieron escuchas telefónicas, la lectura de e-mails privados, la colocación de micrófonos ocultos, el registro de conversaciones o mensajes de texto, y la obligatoriedad de los operadores de entregar a los servicios de inteligencia los “metadatos” de las comunicaciones de sus clientes (origen, destino, fecha, hora… no el contenido) cuando se les pidiera.
No hacía falta orden judicial. Una comisión especial de trece miembros, compuesta por jueces y parlamentarios, podía dar su visto bueno. Los criterios para permitir estas vigilancias eran bastante vagos: combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, defender la independencia nacional, proteger los intereses de la política exterior, prevenir “atentados contra la forma republicana de las instituciones”…
En días como estos, en los que la población se siente vulnerable y frágil, los gobiernos suelen aprovechar para mirar en la misma dirección: hay que vigilar más, estar más atentos, adelantarnos, controlar de forma más exhaustiva. Nadie debe preocuparse si es inocente. Te espiaremos más, pero será por tu bien.
Ya lo he dicho en alguna otra ocasión: a mí este discurso no me convence.
No es bueno para una sociedad la erosión de sus garantías constitucionales. No es bueno para una sociedad que la policía decida quién es bueno o malo y que lo haga de forma preventiva. No es bueno para una sociedad que sus ciudadanos pierdan la presunción de inocencia demasiado fácilmente. No es bueno para una sociedad que un gobierno dicte leyes en ‘caliente’, de forma impulsiva y actúe en secreto.
Cuidado con los atajos.
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