70.000 empresas apercibidas por fraude laboral comienzan a ser visitadas por inspectores de Trabajo

El Gobierno pasa a la acción en la lucha contra la explotación laboral y la creación de empleo digno. Los inspectores de Trabajo han comenzando a visitar las empresas que, tras ser avisadas por el Ministerio hace más de un mes por las presuntas irregularidades laborales que había detectado, no han tomado medidas para su corrección inmediata.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitió durante los días 13 y 14 de agosto, 22.000 cartas a las empresas que presuntamente incumplen el plazo de contratación eventual de 12 meses en un periodo de 18.

Estas notificaciones por indicios de fraude laboral se sumaron a las 50.000 que se habían enviado a principios de mes con el objetivo de que regularan voluntariamente la contratación temporal y los contratos a tiempo parcial.

Extinción de los contratos fraudulentos

Tras esta primera etapa de envío de cartas, la Inspección acaba de poner en marcha una segunda fase, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso.

Así, transcurrido un mes desde las primeras notificaciones, el Ministerio ha comenzado a analizar si las empresas han tomado alguna medida y, si no ha regularizado la situación, va a proceder a la extinción de los contratos fraudulentos.

Por si esto fuera poco, Trabajo también va a proceder a exigir las responsabilidades legales que resulten oportunas en cada caso.

Se perseguía un efecto disuasorio

El ‘Plan Director por un Trabajo Decente’, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio, comenzó a principios de agosto con dos operaciones de choque: una contra el abuso en la contratación temporal y otra contra los contratos a tiempo parcial que, en la práctica, se convierten en jornadas completas de trabajo.

Con los avisos a las empresas, la Inspección pretendía que las compañías pudieran corregir la situación antes de recibir la visita de un inspector y ser sancionadas. Se buscaba que, como en otras campañas de concienciación, el anuncio bastase para que muchas situaciones se regularizasen sin mediar visita de funcionario alguno.

Por ello, la advertencia de Pedro Sánchez se produjo justo antes del arranque de la campaña de contrataciones de verano, a mediados del mes de junio.

El objetivo era que tuviera efecto disuasorio y que las empresas dispusieran de tiempo suficiente para regularizar la situación de sus empleados, si se encontraban todavía en situación ilegal, antes de que arrancasen las inspecciones a la vuelta de las vacaciones.

La Inspección tenía fecha prevista para poner en marcha las actuaciones. Se activarían en las últimas semanas del verano, en el final de la temporada en la que se registra el mayor número de contrataciones de todo el año.

La estacionalidad de este periodo motiva que la contratación temporal sea una de las opciones más utilizadas por las empresas, para adaptarse al incremento de la demanda, satisfacer las necesidades de los visitantes y cubrir las vacaciones de algunos profesionales de la plantilla.

Operativo extraordinario por toda España

Por el momento, según los datos que maneja el Gobierno, existen actualmente unos 130.000 falsos autónomos en la economía española, y como consecuencia del envío de las notificaciones, sólo han aflorado 8.000 falsos autónomos, que ahora mismo están registrados en la Seguridad Social como lo que son, trabajadores por cuenta ajena.

Por ello, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del operativo que ultima el Ministerio de Trabajo, la ofensiva del Gobierno contra la explotación laboral conllevará visitas de inspectores, sin previa comunicación, a las empresas incumplidoras de todo el país.

Tal y cómo se contó en ECD, el despliegue estará integrado por alrededor de medio millar de funcionarios. Se sumará a las actuaciones ordinarias de cada año, unas 1.500 inspecciones al mes de media.

La novedad es que la campaña no se centrará esta vez en aflorar economía sumergida, sino que perseguirá irregularidades en la contratación temporal y a tiempo parcial.

Se perseguirán irregularidades en contratos

El principal reto de los inspectores en cada visita será verificar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores, vigilar el cumplimiento de las jornadas laborales pactadas y comprobar si los contratos temporales están justificados o no.

También se asegurarán, especialmente, de que las cotizaciones sean por el tiempo realmente trabajado para “evitar que se vean reducidas las prestaciones y pensiones de los empleados, al generarse salarios de pobreza”, explican altos cargos del Ministerio.