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El ministro Alonso y Javier Maroto tienen dos testimonios clave para evitar la sanción del Tribunal de Cuentas

Confidencial Digital | 19 de abril de 2016

Javier Maroto y Alfonso Alonso.
Javier Maroto y Alfonso Alonso.

Alfonso Alonso y Javier Maroto declararon hace una semana ante el Tribunal de Cuentas como encausados en el llamado “caso San Antonio”, en el que se investigan los sobrecostes de un contrato de alquiler entre el Ayuntamiento y un empresario local. El ministro y el vicesecretario del PP cuentan con dos testimonios clave para evitar una sanción económica.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes del PP próximas a ambos dirigentes, el abogado del partido, que representa tanto a Alonso como a Maroto, considera que el caso de los sobrecostes en el Ayuntamiento, ocurridos en el año 2007, “no tiene recorrido” y tanto el ministro como el vicesecretario de Política Sectorial no tendrán que hacer frente a ninguna sanción.

Ambos cuentan a su favor con dos declaraciones que son consideradas “clave” para su exculpación: la del empresario dueño del local que alquiló el consistorio, y la del director de Hacienda del Ayuntamiento durante la alcaldía de Alonso.

El ayuntamiento trató de evitar los sobrecostes”

Gonzalo Antón es el dueño del local de la calle San Antonio que alquiló el Gobierno municipal hace nueve años. El empresario ha declarado que el Ayuntamiento eligió “la oferta más económica” y que las instalaciones estaban en el precio de mercado.

Una tesis que respaldó un perito en la comisión de investigación celebrada en el consistorio, y que el abogado del PP aportó como prueba la semana pasada.

Además, Antón también explicó que el propio Alonso acordó con él una reducción de las mensualidades del alquiler, pasando de cobrar 51.000 euros a 14.000. De esta forma, el PP sostiene que el gobierno municipal trató de evitar los sobrecostes.

El director de Hacienda se auto-inculpa

Por otra parte, el entonces director de Hacienda del consistorio ha declarado ante la juez que él fue el único responsable del aumento del coste final del alquiler.

Los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero él lo elevó hasta los 14 euros fijándose en el precio de mercado.

Una decisión que fue, tal y como él ha declarado, exclusivamente suya, y en la que no intervinieron ni Alfonso Alonso ni Javier Maroto.

Si la jueza del Tribunal de Cuentas da por buenas estas dos declaraciones, el ministro y el vicesecretario del PP evitarán una sanción económica de 476.000 euros, que ya han tenido que aportar a modo de fianza por los sobrecostes en el consistorio, valorados en la misma cantidad económica.

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