Defensa pondrá orden en ‘su’ cuestionada consultora Isdefe. Es una empresa pública que informa y media en los contratos de compra de armamento por el ministerio

El plan del Gobierno para 'adelgazar' el tejido empresarial público del Estado también afectará a Defensa. Y uno de los entes que más opciones tiene de echar el cierre o reducir sustancialmente su tamaño es ISDEFE. En el Ministerio dan por "sentenciado" al organismo que asesora sobre las adquisiciones de nuevo material.

Según las fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial Digital, el Ejecutivo de Rajoy ya trabaja para eliminar o ‘adelgazar’ cerca de 450 empresas públicas, muchas de ellas deficitarias, tal y como anunció el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Estas mismas fuentes, que han tenido acceso a los borradores del futuro plan de ajuste público, aseguran que en el caso del Ministerio de Defensa son varios los organismos que están en el ‘punto de mira’ del nuevo Gobierno. Pero hay uno especialmente polémico, y que según estas fuentes está “casi sentenciado”.

ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) sería, según estas informaciones llegadas a ECD, el primer organismo a “adelgazar”, tanto a nivel de plantilla como a nivel de actividad contratada con el Estado.

Este organismo, que depende directamente de la Secretaría de Estado de Defensa –y cuyo presidente es el mismo secretario de Estado-, se ocupa de ofrecer labores de consultoría y asistencia en materia de nuevas adquisiciones, así como servicios de ingeniería.

En los últimos años, según consta en su memoria anual de 2009, este ente facturó un total de 76 millones de euros en proyectos relacionados con Defensa, la Dirección General de Armamento y Material, el INTA y los tres Ejércitos.

ISDEFE se ha convertido en un ente controvertido dentro del organigrama del Ministerio de Defensa, ya que la empresa contrata a través de Encomienda de Gestión, una figura que permite hacerlo sin publicidad previa y sin competencia privada.

Este organismo también ha trabajado con el Ministerio del Interior (Policía y Guardia Civil), con AENA, ADIF, la Agencia Estatal de Meteorología, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública de transportes, Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía y Junta de Castilla-La Mancha

 

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