Un informe interno de la Dirección de Sistemas de Armas cuantifica que el Ejército de Tierra posee 2.344 bombas de racimo

El pasado miércoles más de cien países, entre los que se encuentra España, llegaron a un acuerdo en Dublín para prohibir el uso y almacenamiento de bombas racimo. Esta previsto que en el caso español el texto aprobado en la capital irlandesa se ratifique el próximo 2 de diciembre en Oslo.

Según un documento interno al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, la Dirección de Sistemas de Armas (DIRSAR) del Ejército de Tierra ha informado al Gobierno de la cifra exacta de bombas con estas características que posee España.

Por un lado, el informe oficial asegura que figuran “granadas de mortero de 120 mm con submuniciones modelo ESPIN” recibidas de las empresas Instalaza y Explosivos Alaveses (EXPAL).

Además, el documento también añade que se ha facilitado al Ejército de Tierra granadas de mortero de 120 milímetros con submuniciones modelo MAT-120, adquiridas a la empresa Instalaza. La cifra controlada es de 2.344 granadas con submuniciones de este tipo que, según afirman, “se encuentran en proceso de destrucción”.

Hay que destacar que en el mismo informe se asegura que “no se compra ninguna desde hace quince años” y que “se desconoce el precio”. Sin embargo, los datos desvelados por Europa Press contradicen la versión oficial. El Gobierno ha destinado en los últimos cuatro años 3,18 millones de euros a procesos de compra y mantenimiento de municiones de este tipo, según queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado.

La agencia de noticias –lea aquí más detalles- explica que, durante la pasada legislatura, el Ministerio de Defensa aprobó tres contratos de adquisición de bombas de racimo de los modelos BME-330 (para el Ejército del Aire) y MAT-120 y un cuarto expediente de mantenimiento de este tipo de municiones, todos ellos adjudicados a las empresas españolas Instalaza y Explosivos Alaveses por valor de 3,18 millones de euros.

Por otro lado, la firma del acuerdo afectará a la industria armamentística española. Instalaza, por ejemplo, se defiende en un documento al que ha tenido acceso ECD. La compañía asegura que las MAT-120 “no se pueden considerar bombas de racimo toda vez que cumple e incluso supera los requerimientos del ‘Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos […]’ adoptados en Ginebra el 3 de mayo de 1996 y aceptado por España”.

En este mismo escrito, la empresa que preside Leoncio Muñoz Bueno asegura que “es imposible hasta poder calcular con cierta seguridad la tasa de fallos con espoletas pirotécnicas en todas las posibles situaciones, incluso si disponen de autodestrucción”. Según las organizaciones ecologistas que denuncian el perjuicio de las bombas de racimo entre la población civil, entre el 5% y el 30% de las municiones no estallan y quedan dispersas sobre el territorio.

Vea aquí el informe de Instalaza: