La Generalitat tiene una lista de 600 funcionarios a los que obligará a trabajar por la independencia

La difusión de un vídeo ha vuelto a dejar al descubierto los planes secretos del secesionismo. Las imágenes hacían referencia a dos actos -uno de Omnium Cultural y otro de la ANC- en los que el diputado de Junts Pel Sí, Lluís Llach, advierte a los empleados públicos de que el que no cumpla la ley de transitoriedad jurídica será sancionado.

“Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son muy contrarios a la independencia”, señaló Llach.

La Generalitat pretende hacer servir la ley de transitoriedad jurídica para dar amparo legal a la convocatoria del referéndum. Así, por ejemplo, llegado el caso, el aviso que lanzó Llach podría poner a un agente de la Policía catalana o a un funcionario de la Consejería de Educación ante el dilema de verse obligado, el día de la consulta, a abrir un colegio electoral precintado por orden judicial. “Y si no obedezco la ley catalana, ¿qué pasará?”, planteaba Llach en el acto de Omnium. “La respuesta es clara, una sanción”, contestó.

Por el momento, la Generalitat ha evitado desautorizar a Llach. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, se ha limitado a decir que “no es oportuno” hablar sobre estas cuestiones en estos momentos.

Una respuesta que no ha zanjado la incertidumbre entre los empleados. Todo lo contrario. Tienen en cuenta que no ha suscrito las sanciones, aunque tampoco las ha descartado. Además, han tomado precisamente como un aviso para navegantes su afirmación de que los funcionarios “están obligados a cumplir las leyes vigentes en cada momento”.

Primeras listas para traslados forzosos

Este escenario anticipa una “situación muy delicada” para los funcionarios. Dan por hecho que van a verse en la tesitura de tener que elegir entre si acatan la ley de la desconexión que el Parlamento catalán aprobará en los próximos meses u obedecen a la legislación española.

Así las cosas, según ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, la Generalitat ha comenzado a confeccionar ya las primeras listas de posibles candidatos para ocupar puestos en organismos independentistas.

El plan de las autoridades catalanas contempla solicitar voluntarios en un primer momento. Pero si no se completa el número de efectivos, la Consellería de Gobernación está decidida a dictar traslados forzosos. Por lo pronto, la selección definitiva no será comunicada a los posibles afectados hasta mediados de mayo.

En algunos departamentos han recibido información de que, como ejemplo más significativo, el Govern prevé doblar este año la plantilla de la Hacienda catalana. En este momento, cuenta con 400 funcionarios. El objetivo es que 500 efectivos de otros departamentos pasen a trabajar para este organismo después del verano.

Máxima inquietud en las consellerías

Uno de los “castigos” que más les inquieta es precisamente ser destinados por la fuerza a los organismos que la Generalitat va a crear expresamente para la desconexión con España.

En las consellerías y organismos dependientes del Gobierno catalán existe estos días una “enorme inquietud y desasosiego”. Los empleados públicos confiesan tener “miedo” a denunciar cualquier tipo de presión. Tienen en cuenta que las represalias entonces podrían ser aún mayores. Pero si se toman en serio las amenazas de los independentistas.

En este escenario, representantes de los trabajadores presentes en los distintos organismos dependientes de la Generalitat están recomendando dirigirse, de inmediato, al consejero en cuestión trasladando por carta sus reparos a ese traslado cuando le sea comunicado o solicitar la orden por escrito.