Asociaciones de profesores y padres, en pie de guerra

La Generalitat prepara revueltas en los colegios para impedir la entrada de inspectores del Estado

Da por hecho la intervención de la Consejería de Educación con el 155 y que el Gobierno convocará plazas para estos funcionarios que llevan años sin ofertarse

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Santi Vila.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Santi Vila.

Ciudadanos y el PP se han enzarzado esta semana en un duelo de iniciativas sobre el adoctrinamiento en la escuela catalana. La Generalitat se prepara ya para la intervención de la Consejería de Educación y da por hecho que será utilizada por el Gobierno para enviar más inspectores a los colegios que sancionen a “profesores adoctrinadores”.

Albert Rivera presentó este miércoles una ley para crear una agencia independiente que asuma las funciones de la Alta Inspección del Estado y “sancione” cuando se produzcan casos de adoctrinamiento en los colegios.

El PP contraatacó, poco después, cuestionando esta propuesta y dando a conocer una iniciativa en la que insta al Gobierno a reforzar las competencias de la Alta Inspección.

Años sin convocar plazas para inspectores

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los movimientos, esta medida del PP ha puesto en alerta a asociaciones de profesores, padres y madres en Cataluña. Tienen en cuenta que la Alta Inspección del Estado no puede acceder ahora a un colegio sin autorización de la Generalitat.

Además, Cataluña lleva años sin convocar oposiciones a las plazas que dependen del Govern. Las vacantes se cubren con profesores en comisión de servicio, que concede y renueva el Departament d'Ensenyament. No son inspectores de carrera y dependen de la Generalitat para mantener su cargo, por lo que, pueden ser fácilmente influenciables.

Intervención de la Consejería de Educación

Ahora, en la comunidad educativa catalana dan por hecho que el Gobierno está dispuesto a intervenir la Consejería de Educación con la puesta en marcha del artículo del 155 y que el Ejecutivo central convocará plazas para estos funcionarios que llevan años sin ofertarse en la comunidad.

De esta manera, el Gobierno atribuye el reiterado incumplimiento de las sentencias lingüísticas que obligan a que el castellano sea lengua vehicular de enseñanza en las aulas y las crecientes denuncias de adoctrinamiento en escuelas e institutos a la limitación del cuerpo de inspección a la hora de actuar.

Recibimiento hostil a los inspectores del Estado

Pero varias asociaciones de profesores, padres y madres, algunas de las que promovieron también los encierros en los colegios para permitir su apertura el día del referéndum del 1 de octubre, preparan un “recibimiento hostil a los inspectores del Estado”. El objetivo es impedir, en todo momento, su entrada a los centros educativos.

Cargos y funcionarios de varios colegios catalanes han manifestado, en los últimos días, su intención de “invitarles a salir del recinto cuando lleguen porque no tenemos que reconocer su autoridad”. El plan, señalan, tiene como finalidad evitar la intervención estatal en los centros.

 

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