El Gobierno obligará a Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia a despedir trabajadores con 20 días por año. Utilizará el decreto que va a aplicar también a los empleados públicos
El Gobierno obligará a los bancos nacionalizados a aplicar estrictamente la reforma laboral. Tendrán que despedir a los trabajadores con 20 días por año. Es un procedimiento similar al que aplicará a los empleados públicos en la Administración del Estado. Ha sido una exigencia de Bruselas a cambio de las ayudas al sector financiero español.
Tal y cómo se contó en estas páginas, el rescate de la banca española va a tener un duro impacto en las plantillas, sobre todo de las entidades intervenidas por el Banco de España como Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa, que tendrán que acometer más de 20.000 despidos en total y cerrar un importante número de oficinas para recibir las ayudas comunitarias.
Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el Banco de España obligará a las entidades nacionalizadas a despedir a sus empleados con una indemnización de 20 días por año trabajado, en aplicación estricta de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo en febrero de este año. Una exigencia que se ha reclamado también desde Bruselas.
Los tres grupos de cajas intervenidos por el Estado (Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa) ya han realizado un duro ajuste de sus plantillas, pero las nuevas inyecciones de ayudas públicas exigirán una nueva reestructuración.
De manera similar a los empleados públicos
El Gobierno va a facilitar, a través de un decreto ley, los despidos colectivos en la Administración Pública por causas económicas. Concretamente, la indemnización será de 20 días si, por ejemplo, el presupuesto del ente público se ha reducido un 5%.
Este decreto no afecta a los casi tres millones de empleados públicos, sino al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 840.000 empleados (entre la Administración y las empresas públicas). De esta manera, los funcionarios de carrera no se verán afectados por este cambio legal.
La nueva normativa detalla dos situaciones en las que la Administración Pública puede alegar estas causas económicas. Por un lado, que la Administración en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad demuestre que en el ejercicio hubiera presentado una situación de déficit presupuestario.
Por otro, que las transferencias a esa Administración se hayan reducido un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% o en los dos ejercicios anteriores.
