El Gobierno descarta expropiar a la familia Franco el Pazo de Meirás: “Esto no es Venezuela”
La oposición ha planteado esta solución para evitar que las visitas las organice la fundación del dictador. Moncloa y la Xunta lo rechazan porque provocaría “un efecto llamada”
En diciembre de 2008, la Xunta de Galicia declaró al Pazo de Meirás Bien de Interes Cultural. Dos años después, y tras varios pleitos con la familia Franco, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de sus puertas para recibir visitas, algo que se lleva realizando desde marzo de 2011. Este verano, no obstante, se ha reabierto la polémica.
El nuevo conflicto comenzó el pasado mes de julio, cuando se confirmó que la gestión de las visitas al Pazo había pasado a la Fundación Francisco Franco, cuyo objetivo, tal y como dijeron públicamente, era aprovechar el tour turístico para "ensalzar la figura" del dicador.
La reacción no se hizo esperar y las asociaciones defensoras de la Memoria Histórica y los partidos de la oposición en Galicia reclamaron a la Xunta que tomara cartas en el asunto. El Gobierno de Feijóo, por su parte, se limitó a decir que estaría "atento" a que no se incumpliera la ley en las visitas al palacete, pero sin comprometerse a ninguna acción concreta.
La reacción del ejecutivo autonómico indignó a los partidos rivales, que decidieron dar un paso más y exigir a la Xunta la expropiación del Pazo de Meirás a la familia Franco para que no fueran los herederos del dictador los que decidieran quiénes gestionaban las visitas.
Pues bien. Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, el gobierno de Núñez Feijóo ha descartado frontalmente esa propuesta por parte de la oposición. Las fuentes de la Xunta consultadas por este diario explican que "esto no es Venezuela" y, por tanto, "no podemos expropiar propiedades en función de la ideología".
Desde el ejecutivo regional añaden, además, que una decisión así provocaría un "efecto llamada" para otros muchos colectivos, que intentarían resolver problemas particulares exiendo la expropiación de las propiedades en litigio. Un riesgo que la Xunta de Galicia no quiere tomar.
