El Gobierno aprovecha el 155 para “castellanizar” Cataluña

Según ha podido comprobar El Confidencial Digital, a través de un informe elaborado por la Plataforma per la Llengua, las disposiciones legales fueron aprobadas durante el último trimestre de 2017. En su mayoría, se trata de Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones.

Los datos proceden de una recopilación realizada por técnicos de esta asociación en defensa del catalán. Han elaborado un detallado análisis de la normativa lingüística publicada en el Boletín Oficial del Estado.

18 normativas estatales y 13 de la Unión Europea

ECD ha tenido acceso al listado íntegro de las normativas lingüísticas que han sido aprobadas entre los meses de octubre y diciembre. Dieciocho son de origen estrictamente estatal, mientras que 13 fueron aprobadas por el Parlamento Europeo o la Comisión Europea.

Resalta la obligación del castellano en la documentación. Un total de 27 normas exigen esta lengua en los trámites con la Administración. Son situaciones en las que hay que presentar información y datos. Algunas están relacionadas incluso con exigencias para acceder a subvenciones y ayudas públicas.

Éstas son algunas de las disposiciones legales más llamativas:

-- Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento de cuentas del módulo de pagos y cuentas dedicadas de efectivo en TARGET2-Banco de España.

-- Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos, dentro del Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura.

-- Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Billar.

-- Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

-- Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego.

-- Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

-- Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes.

-- Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras).

-- Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

-- Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2018 y 2019.

-- Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Aumento de imposiciones lingüísticas desde el 1-O

Las 31 normativas lingüísticas aprobadas entre octubre y diciembre del año pasado se suman a las 63 que se habían implementado desde el 1 de enero de 2017.

Durante el primer trimestre, las disposiciones habían llegado a las 16. Entre abril y junio se alcanzó la cifra récord de 29. No obstante, en los meses previos al referéndum del 1 de octubre, el número se había reducido a las 18.

Aprobadas el doble de disposiciones que en 2016

Esta escalada en la cifra de normativas lingüísticas impulsadas durante 2017 elevó el total a 94, si se tienen en cuenta también las que fueron aprobadas a instancias de la UE.

En contraste, en todo el año anterior (2016), el Estado sacó adelante 55 leyes, decretos y órdenes que establecían la obligatoriedad del castellano. Hay que sumar también 38 reglamentos de origen europeo.

El TC, contra las multas por no usar catalán

Además, el TC acaba de declarar “inconstitucionales” las multas lingüísticas de la Generalitat. En una sentencia sobre el Código de Consumo de Cataluña, emitida el pasado 31 de enero, señaló que, en el ámbito de las relaciones entre particulares, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.

Consecuencia de ello es que, en el ámbito de las relaciones entre sujetos privados, tampoco cabe establecer un régimen sancionador frente a eventuales incumplimientos de dicha norma autonómica, pese a que así lo recoge la propia ley para las empresas que no utilicen el catalán en sus relaciones con los consumidores.