El Gobierno convierte en sospechosos a los políticos y sus familiares. Un proyecto de ley obligará a los bancos a notificar cualquier ‘movimiento complejo’ en las cuentas
El Gobierno se ha propuesto entrar de lleno en la lucha contra la corrupción que practican los políticos y sus familias. Su plan consiste en obligar a los bancos a informar sobre las operaciones financieras de gran envergadura en las que participen cargos públicos y sus más allegados.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el equipo económico del Ejecutivo trabaja ya en un proyecto de ley, a instancias de la Comisión Europea, para poner coto a la corrupción entre la clase política y sus familias.
Busca, concretamente, luchar contra el blanqueo de capitales de los cargos públicos y sus familiares más directos.
Detrás de este refuerzo de los controles se encuentran escándalos como las cuentas en Suiza de la familia Pujol y Luis Bárcenas, el caso Urdangarín, los ERE de Andalucía, etc…Todos ellos implican a políticos.
Obligar a los bancos a informar de las operaciones
Las fuentes conocedoras del proyecto a las que ha tenido acceso ECD explican que el Gobierno pretende obligar a los bancos a informar al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre operaciones de gran envergadura en las que participen no solo políticos, sino también sus familiares más directos.
El Sepblac es un departamento del Tesoro español, que se conoce también como Unidad de Inteligencia Financiera. Suele recibir información de las entidades de crédito sobre operaciones y cuentas sospechosas.
No se pretende, en cualquier caso, vigilar al político como medida preventiva, pero sí poner en alerta a los servicios de información financieros ante el mínimo ‘movimiento complejo’ de dinero.
Inspección de los ficheros en cualquier momento
Según las fuentes consultadas, otro de los aspectos que se prevé incluir en este proyecto de ley es la potestad de la Policía Nacional para inspeccionar ficheros bancarios vinculados a políticos y sus familias en cualquier momento tras una alerta al Sepblac.
La investigación del historial bancario se iniciaría después de que la entidad financiera haya detectado ciertas irregularidades en las operaciones del cargo público o su entorno familiar y lo haya puesto en conocimiento de las autoridades económicas.
De hecho, también se planea que las entidades financieras guarden hasta diez años la documentación asociada a las personas que desempeñan o han ejercido actividades públicas relevantes para poder investigar posibles delitos que hayan cometido y que, evidentemente, todavía no estén prescritos.
