El Gobierno a por todas: Jordi Sánchez no será President
Cuenta con que el juez Llarena le prohibirá acudir a la investidura. Pero si lo autoriza, Moncloa presentará un recurso al TC que bloqueará automáticamente la comparecencia
Con un candidato en la cárcel y, a día de hoy, sin los apoyos parlamentarios suficientes, Roger Torrent puso fecha al pleno de investidura de Jordi Sánchez: el próximo lunes 12 de marzo. Desde el Gobierno avisan que no se puede gobernar desde prisión y que el ex de la ANC no podrá ser nombrado president.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, la decisión del presidente del Parlament no ha sorprendido a nadie en Moncloa, donde se esperaban un movimiento así. Torrent era consciente de que tenía que adelantarse a cualquier pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el calendario para la investidura y, además, quería poner fecha ya para presionar a la CUP.
Además, como recuerdan a este diario desde el Ejecutivo, el abogado del propio Jordi Sánchez ya había enviado un escrito al juez Llarena solicitando su puesta en libertad para el día 12, por lo que “todo se llevaba preparando desde hace tiempo”. Pese a ello, en el Gobierno lo tienen claro: “No habrá debate y Sánchez tampoco será proclamado president”.
Confianza en Pablo Llarena
En Moncloa, explican altos cargos gubernamentales, tienen “confianza plena” en el juez Pablo Llarena, que hasta la fecha ha mostrado “contundencia” en sus autos contra el ex de la ANC: “Siempre ha dejado claro, en todas las peticiones previas realizadas por Sánchez, que no puede aceptar su excarcelación por los riesgos que implica”.
En resoluciones anteriores, el juez declaró la “incapacidad legal prolongada” tanto del ahora candidato a la investidura como del resto de cargos electos con causas judiciales pendientes, como el propio Oriol Junqueras. Además, descartó concederle un permiso penitenciario ante la posibilidad de que pudiera provocar “movilizaciones ciudadanas colectivas violentas”.
Llarena, en otro de sus autos, llegó a afirmar que el riesgo de reiteración delictivase mantiene, y “se visualiza por un extendido apoyo social a los investigados que han huido”.
Así las cosas, el juez ha considerado, hasta la fecha que “permitir unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario, en fechas y horas determinadas, con destino conocido”, pueden “impulsar” un “grave enfrentamiento ciudadano”.
Se reserva un recurso al TC
En el Gobierno, por tanto, dan por hecho que Llarena mantendrá las tesis que ha manifestado en los últimos meses y no permitirá a Sánchez comparecer en el debate de investidura. No obstante, en Moncloa están preparados ante un cambio de criterio del juez que, aunque difícil, no se descarta al cien por cien.
Se recuerda, en este sentido, que el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalanaha prometido “respetar la Constitución” a cambio de lograr su puesta en libertad. Un argumento que, unido a su elección como candidato a la investidura, podían pesar sobre el magistrado del Tribunal Supremo. Por ese motivo, ya está planeada otra vía judicial para impedir el nombramiento de Sánchez.
Según confirman a ECD altos cargos del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría tienen decidido presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que éste impida la comparecencia del ex de la ANC en el Parlament. Un escrito que aún no está redactado pero sí en la mente del presidente y de su número dos.
El Ejecutivo, previa consulta a los abogados del Estado, concluye que no se puede investir a una persona imputada de un delito tan grave como el de sedición y para el que se ha pedido la inhabilitación para cargo público. Además, añaden las fuentes consultadas, “lo máximo que podría conseguir es un permiso para ser investido, pero no puede gobernar desde la cárcel”.
Por ese motivo, pedirá al Alto Tribunal que deniegue su comparecencia en el Parlament. Una solicitud que, de ser admitida a trámite, volverá a dejar en suspenso el pleno de investidura, tal y como pasó el pasado 27 de enero con Carles Puigdemont.
El TC, recuerdan desde el Gobierno, ya afirmó entonces que “proponer a candidatos que saben que no pueden ser admitidos forma parte de la estrategia que han adoptado de confrontación con el Estado”. Una afirmación que deja a las claras la posición del Constitucional respecto a la posible investidura de Sánchez.
“Tienen que proponer ya un candidato elegible”
Las fuentes consultadas por ECD desvelan que el objetivo del Gobierno es que el PDeCAT y ERC pacten la candidatura de un "diputado elegible", que pueda comparecer en el Parlament por no estar en prisión o fugado de la Justicia.
Jordi Turull parece el elegido por ambos partidos una vez que se forme Govern, pero desde Moncloa advierten que no habrá nuevo ejecutivo autonómico si se mantiene la candidatura de Sánchez: "Si quieren a Turull que lo pongan ya, porque si no va a seguir la actual situación de bloqueo", advierten.
