La Guardia Civil en Cataluña aplaza la investigación de Puigdemont en Gerona y de la trama del 3%

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los agentes que investigan el caso del 3%, instruido en el juzgado de El Vendrell, también se encuentran en la misma situación de agobio. La inestabilidad jurídica en Cataluña desde el referéndum les apremia a agilizar las pesquisas en torno al papel de los ayuntamientos en la consulta de independencia y a cómo orquestaron los ex consellers la organización de la misma.

Ante estas circunstancias, la Fiscalía anticorrupción ha decidido tomar medidas para que los casos de corrupción no se vean especialmente retrasados en la investigación. El Ministerio Público se ha personado en Gerona y en Tarragona para conocer de primera mano en qué estado se encuentra el trabajo de los agentes.

Una vez se han hecho cargo de la situación, los fiscales han decidido no cargar a los destinados en Cataluña con más trabajo. Para ello, según afirman a ECD fuentes cercanas a ambos casos, han resuelto repartir la carga de trabajo en las unidades judiciales con sede en Madrid.

Se han clonado los principales informes de la trama del agua de Gerona y del 3% de El Vendrell para que sean analizados en la capital. El objetivo de la Fiscalía es no aplazar demasiado la investigación de las causas, en las que están implicados altos cargos de la antigua Convergencia.

Trama en Gerona durante la alcaldía de Puigdemont

La llamada “trama del agua de Gerona” es un caso en el que se puede ver envuelto Puigdemont como presunto malversador de caudales públicos. Dicha red pudo haber operado durante el mandato del ex president al frente del ayuntamiento gerundense.

Con Puigdemont como alcalde, se renovó un contrato de Agissa, la empresa municipal, en el que la compañía pública quedaba menoscabada y en cambio beneficiaba a la privada Girona S.A. y en concreto a sus directivos, Narcís Piferrer y Xavier Ballell, y a Joan de Llobet, ex consejero de Agissa.

La presunta trama se remonta a finales de los 90, cuando en Gerona gobernaba el PSC. Sin embargo, se renovó el contrato cuando Puigdemont alcanzó la alcaldía. Existe una cantidad de dinero destinada a las arcas de Agissa que se relaciona con la compra, por parte del consistorio que gobernaba entonces Puigdemont, de obras del pintor Rusiñol para la recuperación del patrimonio artístico catalán.

La Fiscalía investiga todavía si esa cantidad fue destinada efectivamente a esa compra en detrimento de las cuentas de Agissa.

Investigación de los ayuntamientos sobre el 1-O

Las Fiscalías provinciales y la de Cataluña han abierto investigaciones a decenas de ayuntamientos para dilucidar si facilitaron centros de votación el 1-O.

Además, hay pesquisas abiertas en los consistorios de Pineda y Calella (Barcelona) por los escraches y la campaña de acoso a que fueron sometidos policías y guardias civiles los días cercanos al referéndum. Decenas de agentes participan en los registros y análisis de la documentación incautada a los consistorios.

El TSJC ha ordenado la investigación de los miembros del Govern en la celebración de la consulta. A esta causa se suma la que instruye el juzgado número 13 de Barcelona sobre el uso ilegal de datos personales de los ciudadanos para el 1-O.

Registros

En el marco de esta última investigación se produjeron los registros a la consejería de Economía y la detención de catorce altos cargos de la Generalitat, entre ellos, el número dos de Junqueras, Josep María Jové.

Fue en uno de los registros realizados donde los agentes se incautaron del documento denominado EnfoCAT, la hoja de ruta de independencia que planearon dirigentes de Junts pel Sì desde la victoria en escaños de las elecciones de 2015.

Ese día, una multitud de 40.000 persona dirigidas por Sánchez y Cuixart impidieron la salida de los agentes y de la secretaria judicial de las consejerías, razón por la que los líderes de la ANC y de Ómnium han sido imputados por un presunto delito de sedición y se encuentran en prisión provisional en Soto del Real.