Investigaciones sobre los preparativos del referéndum ilegal

La Guardia Civil interroga por el 1-O a personal del Centro de Telecomunicaciones de Cataluña

También está tomando declaración como testigos a empleados del Departamento de Exteriores

El portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turrull, vota en el referéndum del 1-0.
El portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turrull, vota en el referéndum del 1-0.

La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y un juzgado de Barcelona investigan distintos aspectos de los preparativos que hicieron posible el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre. En ese marco, la Guardia Civil está tomando declaración a funcionarios y empleados de diversos organismos y departamentos de la Generalitat.

Según detalla Europa Press, desde este miércoles y también el jueves y el viernes de esta semana van a ir prestando declaración en condición de testigos ocho personas que trabajan tanto en el Departamento de Asuntos Institucionales, Exteriores y Transparencia (que dirigía Raül Romeva) como en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Ambos organismos están en el punto de mira de los jueces por su papel en la organización de los detalles del referéndum de independencia del 1-O.

Ya el pasado 24 de enero la Guardia Civil se personó en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por orden del juez del Supremo Pablo Llarena para volcar los correos electrónicos de Carles Puigdemont, de los consejeros de su gobierno cesado, de la mesa del Parlament de la anterior legislatura y de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Una de las funciones que tenía asignado el CTTI para el plebiscito de secesión, declarado ilegal por el TC, era gestionar bases de datos y aplicaciones informáticas destinadas a facilitar el voto telemático el 1 de octubre. El día antes del referéndum la Guardia Civil entró en este centro y lo ocupó, dificultando la logística clave de la votación: de ahí que la Generalitat decidiera sobre la marcha establecer un “censo universal” para que los catalanes pudieran votar en cualquiera de los puntos designados.

 

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