Alemania ha optado por extraditarlo sólo por malversación

Llarena decidió no asumir la posición de Pedro Sánchez de traer a Carles Puigdemont a España

El presidente del Gobierno recalcó la importancia de que sea juzgado por un tribunal español. El magistrado quiso adoptar la resolución en solitario y sin consultarlo con nadie

A lo largo del jueves, la situación penal de Carles Puigdemont ha variado completamente. Ha pasado ser extraditado a España por un delito de malversación, tal como había acordado el tribunal de Schleswig-Holstein, a que esta decisión sea rechazada por el juez Llarena.


Es decir, Puigdemont seguirá en Alemania, ya que si abandona el país la euro orden sigue en pie y será detenido por las autoridades francesas o de otro Estado de la Unión Europea.

Llarena ha tomado la decisión en solitario, según ha podido saber Confidencial Digital; es decir, sin consultarlo con los fiscales encargados del caso ni con la fiscal general del Estado, María José Segarra.

Contra Pedro Sánchez

Fuentes cercanas explican a ECD que el juez ha querido resolver la cuestión en completa soledad para no verse influido por nadie. Sin embargo, señalan que su actitud contradice la opinión de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre el asunto minutos después de conocerse la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que desde un principio descartó los delitos de rebelión y malversación en el ex líder de la Generalitat.

“Lo importante en término de la Justicia es que las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en septiembre y octubre del pasado año en Cataluña sean juzgadas por los tribunales españoles”, ha afirmado. “Esto ocurrirá”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

Unas declaraciones que han sido interpretadas en ámbitos judiciales, y en concreto en el Tribunal Supremo, como un deseo de que Puigdemont regrese cuanto antes a España para ser juzgado en la causa general contra los líderes del procés. Aunque no sea por rebelión o sedición, sino sólo por malversación. Un delito penado con penas sustancialmente menores que los otros dos: doce años en lugar de treinta o veinticinco.

Una comida de jueces y fiscales

Tras leer en los medios las afirmaciones de Sánchez, Llarena se reafirmó en su determinación de decidir sobre la extradición sin consultar el parecer de nadie.

Personas cercanas a la causa aseguran que en ningún caso el magistrado se había planteado hablar con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ni con ningún miembro del Gobierno, pese a las reuniones que han mantenido Sánchez y Calvo estas semana con sus homólogos catalanes, Torra y Aragonés. Reuniones encaminadas a “normalizar” la situación con la Generalitat y a reabrir “la senda del diálogo”.

Es más, Llarena no transmitió su decisión hasta pasado el mediodía del jueves. Jueces y fiscales celebraron un homenaje al fiscal general del Estado fallecido en diciembre, José Manuel Maza, en el hotel Intercontinental de Madrid.

 

Asistieron, entre otros, la nueva fiscal general, María José Segarra, y el anterior en el cargo, Julián Sánchez Melgar. Los fiscales encargados del 1-O no se sentaron a la misma mesa que Llarena, pero le vieron hablar en un aparte durante varios minutos con Sánchez Melgar primero y con Segarra después.

A la salida de la comida, un fiscal del caso intercambió unas palabras con el juez, quien le informó de que ya había resuelto sobre la extradición y que lo había hecho negativamente.

Extrañeza

Este fiscal se extrañó porque los cuatro que trabajan en la causa y el propio Llarena se iban a reunir esa tarde para tratar este asunto, aunque la decisión final siempre estuvo en manos del magistrado. También porque estaba previsto que anunciara su postura este viernes.

Llarena le respondió que había preferido resolver sin considerarlo con nadie para evitar intentos de presión o influencia. Con todo, la citada reunión de trabajo entre él y los cuatro fiscales se celebró.

“Puigdemont está deseando volver”

Según ha podido saber este confidencial, la decisión de Llarena contradice los planes de Puigdemont y su defensa, ya que daban por hecho que el ex president y principal acusado en el Supremo iba a ser extraditado por malversación.

Y por tanto, que se enfrentaría a una pena bastante menor que por rebelión, cuya pena máxima es de treinta años de cárcel, mientras que la del uso indebido de caudales públicos es de doce años.

Puigdemont estaba convencido de que la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein iba a ser decisiva para su vuelta a España, algo que “está deseando”. Además, regresaría en calidad de héroe del independentismo, ya que habría frustrado los planes del juez Llarena.

Por eso, el rechazo a la extradición ha sentado especialmente mal al ex president y a su entorno, que han visto sus planes completamente trastocados. Puigdemont se verá obligado a partir de ahora a permanecer sine die en Alemania o a viajar completamente de incógnito a otro país del llamado espacio Schengen.


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