El 15 de octubre es la fecha límite para conseguir el dinero extra

Otro lío para Luis de Guindos: en riesgo los 6.000 millones que prometió a Bruselas

Tiene listo un decreto ley para aplicar el pago adelantado de Sociedades que esperaba haber aprobado ya con un nuevo Gobierno. Ahora no tiene apoyos en el Congreso

Luis De Guindos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Luis De Guindos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno tiene como límite el 15 de octubre para entregar a Bruselas un borrador presupuestario que se ajuste a las metas de déficit de 2017. En Moncloa se trabaja desde hace semanas con el escenario de no poder aprobar las cuentas en plazo por el bloqueo. Pero hay otro problema: ¿dónde está el dinero prometido por el adelanto de Sociedades?

La práctica habitual para que los Presupuestos entren en vigor el primer día del año consiste en aprobarlos en el Consejo de Ministros del último viernes de septiembre. Sin embargo, la situación actual de bloqueo va a forzar a saltarse ese plazo.

Moncloa es consciente desde hace semanas de que si no hay Gobierno, los Presupuestos sí se prorrogan automáticamente, pero no pueden modificarse. Y sin cambiarlos no se puede cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.

Cuando se produce la prórroga de los Presupuestos, el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley cuya finalidad no es autorizar la prórroga, que es automática, sino simplemente impartir normas complementarias hasta la entrada en vigor de las nuevas cuentas.

Tal y cómo se contó en ECD, el Ejecutivo se plantea desde mediados de agosto utilizar ese decreto ley para incorporar un plan presupuestario que poder presentar a Bruselas el 15 de octubre, en caso de que las cuentas no llegaran a tiempo al Consejo de Ministros del último viernes de septiembre, como parece que va a ocurrir finalmente. Si en esa fecha no hay investido un presidente, el Ejecutivo en funciones no puede en esa reunión sacar adelante las cuentas.

Fió el ajuste al adelanto de Sociedades...

Según las fuentes consultadas, los cálculos que maneja Hacienda anticipan que una parte del ajuste, para situar el déficit en el 3,1% al cierre de 2017, pueda lograrse gracias a los mayores ingresos que proporciona una economía en vías de recuperación.

Pero otra pata fundamental viene dada por el aumento de la recaudación tras la subida de la tributación a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, la restricción presupuestaria a las autonomías y el adelanto a julio del cierre del ejercicio para ahorrar costes y conseguir reducir considerablemente el gasto a final de año.

Precisamente, conseguir el dinero prometido a la UE por el adelanto en el pago de Sociedades se ha convertido en el mayor reto al que se enfrenta en los próximos días el ministro De Guindos. Al continuar en funciones, solo una convalidación de las Cortes permite que el Gobierno aplique la promesa tributaria presentada a la UE con la que incrementar los ingresos y evitar una multa de 5.000 millones por el déficit.

El Gobierno pretende, desde hace mes y medio, que las empresas que abonan el Impuesto de Sociedades, con una facturación superior a los 20 millones, anticipen el cobro de determinadas cantidades para que el erario público disponga de unos 6.000 millones de euros extra antes de que finalice este ejercicio.

… y ahora no tiene garantizado ese dinero

 

Sin embargo, según ha podido saber ECD por fuentes parlamentarias, el escándalo por el nombramiento de José Manuel Soria para el Banco Mundial, que mantiene en el ojo del huracán estos días al ministro de Economía, tiene prácticamente paralizadas las negociaciones con el resto de formaciones para activar el pago anticipado de Sociedades, que requiere necesariamente ahora esa convalidación del Congreso para salir adelante.

Pero los vientos no soplan a favor de De Guindos tras el caso Soria. Y un ejemplo son las posturas adoptadas por los portavoces de la oposición durante su comparecencia este martes en la Comisión de Economía. “Tendrá que currárselo el ministro para que apoyemos su decreto”, coincidían ayer varios diputados de PSOE y Ciudadanos. Aunque sin un acuerdo politico en este asunto, España se arriesga a graves consecuencias económicas.

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