Montoro mete presión a Susana Díaz, Ximo Puig y Javier Lambán con el sueldo de sus funcionarios
Hacienda les ha transmitido que la falta de Gobierno le impide flexibilizarles el déficit para una subida salarial y la devolución de la extra de 2012. Se van a intensificar las movilizaciones
Hacienda va a condicionar a las autonomías y ayuntamientos una subida salarial a sus funcionarios y la devolución de la extra de 2012 a las comunidades que aún la tienen pendiente a que el desembolso no les impida cumplir con el déficit. Por tanto, la restitución de una parte de la paga suprimida a otros grandes sectores de la función pública, como profesores, sanitarios, policías... dependerá del Gobierno regional de turno.
Hay que recordar que el objetivo para el año 2017 era del 0,1% del PIB, lo que supone un importante esfuerzo de ajuste para las haciendas regionales. Esa meta ha sido elevada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al 0,5%, como consecuencia de la mayor flexibilidad concedida a España por la Comisión Europea.
Pero debido a que el Gobierno en funciones no puede tramitar esa flexiblización, las autonomías deberían elaborar los presupuestos con el exigente objetivo del 0,1%. Tampoco es posible fijar la regla de gasto de las Comunidades y, por tanto, la vigente para 2017 es la que se estableció para 2016.
Además, el objetivo de déficit de 2016 también se ha flexibilizado desde el 0,3% del PIB al 0,7% pero, ante la falta de Gobierno, el objetivo a cumplir este año será del 0,3, originándose un esfuerzo mayor de contención del gasto el próximo ejercicio
Por tanto, la complejidad de elaborar el presupuesto 2017 para las comunidades era que, con un esfuerzo adicional en 2016 de ajuste de los gastos, se debían elaborar unas cuentas que, con los mismos ingresos de este año, cumplieran el ambicioso objetivo del 0,1% de déficit.
No obstante, Mariano Rajoy afirmó este lunes que Hacienda comunicará a las comunidades unas nuevas entregas a cuenta con arreglo a un escenario de crecimiento económico del 2,3% para 2017.
Tres barones críticos en el punto de mira
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD reconocen que en los planes del Gobierno se proyecta, además, una intencionada carga política.
En Hacienda no se pasa por alto que dirigentes autonómicos del PSOE, entre los que se cita a Susana Díaz, Ximo Puig y Javier Lambán (críticos con el planteamiento de Pedro Sánchez), se van a encontrar con el obstáculo de que, si deciden aprobar nuevas partidas de gasto, incumplirán el objetivo de déficit de sus comunidades y, por extensión, el del conjunto del Estado.
Y no se les va a permitir. “Tendrán que demostrar su capacidad de gestión y cuáles son sus prioridades a incluir en el Presupuesto. Pero si buscan a algún responsable a sus manos atadas que miren a su secretario general”, advierten en la cúpula económica del Gobierno.
En el Gobierno no pasan desapercibidas las protestas en Andalucía, donde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva varios meses liderando las movilizaciones en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta el abono de la cantidad pendiente de la extra de 2012, así como la restitución de las condiciones laborales perdidas.
En la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo de Ximo Puig se comprometió a la devolución en el primer semestre de 2016, aunque después retrasó el reintegro hasta la nómina de julio. Ahora, los sindicatos reclaman una subida salarial con arreglo al incremento que se aplique también a los funcionarios de la Administración General del Estado para 2017.
En Aragón, gobernada por el socialista Javier Lambán con el apoyo de Pablo Echenique (número tres de Podemos), se encuentra en marcha también una campaña de movilizaciones en los principales centros de trabajo público de la comunidad autónoma por la extra.
