Para evitar nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional

El plan de alcaldes de PSOE y Podemos para acabar con la Fiesta Nacional: corridas sin matar al toro

Aprobarán ordenanzas municipales prohibiendo “espectáculos que incluyan la tortura, el maltrato o sufrimiento en público de los animales, tanto en plazas como en la calle”

Alcaldes antitaurinos de PSOE y Podemos han encontrado un resquicio para abolir los toros a pesar de la sentencia del Constitucional que echa abajo la prohibición de las corridas en Cataluña. Se proponen acabar con ellas mediante ordenanzas municipales declarando ilegales los espectáculos que incluyan el maltrato de animales en plazas y calles.


El Tribunal Constitucional acaba de anular el acuerdo del Parlament, de julio de 2010, que prohibió la fiesta de los toros en Cataluña. La sentencia, hecha pública este jueves, establece que la Generalitat puede regular los festejos taurinos, pero no prohibirlos.

Anula el artículo 1 de la ley catalana que prohíbe las corridas porque invade las competencias del Estado en materia de cultura.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, la estrategia de dirigentes locales y autonómicos de PSOE y Podemos para acabar con las corridas pasa ahora por evitar explícitamente prohibirlas, tal y como hace la ley del Parlament catalán invalidada, y apoyarse en la definición de tortura y maltrato a los animales.

Pretenden explorar la vía de impedir las corridas de toros a través de la argumentación recogida en la Ley de Bienestar Animal de Canarias. Una fórmula que supuso de facto la erradicación de los festejos en esta comunidad desde 1991. 

Corridas de toros sin matar a los animales…

Así las cosas, según las fuentes consultadas, alcaldes de PSOE y Podemos contrarios a la Fiesta Nacional trabajan ya en la aprobación de ordenanzas municipales que prohíban “fiestas y espectáculos con toros que incluyan la muerte, la tortura, el maltrato, daños o sufrimiento del animal en público, ya sea en plazas permanentes o fuera de estos recintos o en vías públicas”.

Es decir que, en la práctica, no se podrán celebrar corridas tal y como se conocen en la actualidad, es decir, espectáculos con toros que incluyen la muerte del animal.

Consideran que esa normativa respetaría la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, aprobada por el Gobierno central, puesto que esta definición no incluye, en la descripción de ese bien cultural, la tortura o la muerte del animal.

… para dar la estocada definitiva a la Fiesta

Defienden que un argumento de estas características, que tendrá “fuerza de ley” tras ser aprobado, no ha sido impugnado por nadie hasta el momento. “Llegado el caso, si alguien recurre, tendrá que ser de nuevo el Tribunal Constitucional el encargado de dictaminar si la tauromaquia puede existir sin tortura”, sostienen.

Contemplan que el retraso en la resolución del recurso, y la posible celebración hasta entonces de corridas sin muerte del toro, contribuirá, al igual que en estos últimos cinco años en Cataluña, a “ir desinflando la fiesta. Los aficionados dejarán de asistir a esas corridas, que de esa manera no se organizarán, porque la muerte del toro es esencial para los aficionados. Dan por supuesto que la fórmula en la que trabajan “dará la estocada definitiva a la Fiesta Nacional” en sus localidades.

 

Han fracasado en la convocatoria de consultas

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD reconocen que el impulso de esta nueva vía responde al fracaso que han cosechado la mayoría de los alcaldes antitaurinos de toda España a la hora de promover consultas en sus respectivos municipios para prohibir los festejos.

Uno de los últimos ejemplos se acaba de registrar en San Sebastián. El Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de la capital donostiarra ha estimado el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno y ha decidido suspender la consulta popular sobre los toros aprobada por el Ayuntamiento, que tenía previsto celebrarse el 19 de febrero de 2017, al “no respetar la Ley de Bases de Régimen Local en lo que a consultas atañe”.

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