El abogado de El País salió a defender a Antonio Caño de una ‘rebelión’ interna tras la demanda de Roures
El letrado del periódico emitió un comunicado para explicar que la solicitud para que el director del diario fuera desimputado es un procedimiento habitual
El litigio se remonta al 14 de diciembre de 2014, cuando El País publicó un amplio reportaje titulado: “Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales”. El diario basaba su información en documentos a los que había tenido acceso.
La reacción de Jaume Roures no se hizo esperar. Ofreció en Madrid una rueda de prensa en la que calificó de “pura basura” la información del diario. Explicó que ni a título personal ni de la empresa que preside tiene o han tenido fondos en paraísos fiscales. Y añadió que la productora sólo posee tres cuentas en Singapur, con un saldo de unos 30.000 euros, que utiliza para centralizar financieramente en ese país las operaciones del grupo en Asia.
Además, presentó una querella por un posible delito de injurias, calumnias y uso de documento falso. El juez de Instrucción nº 29 de Madrid citó entonces a declarar, en calidad de imputados, al director de El País y a la periodista Rosario García Gómez, autora de la información.
El pasado mes de septiembre, Prisa presentó un recurso contra el auto judicial en el que se solicitaba que Antonio Caño fuera excluido de la querella argumentando que no era el autor de la noticia que dio origen al contencioso y que existía una “responsabilidad en cascada o escalonada”, basada el artículo 30.2 del Código Penal.
Según ha sabido El Confidencial Digital, este movimiento provocó una especie de ‘rebelión’ interna en la redacción del periódico. Los profesionales de El País acusaron a la dirección de intentar exculparse, de abandonar y dejar sola a la redactora y de falta de gallardía.
Las mismas fuentes explican que, visto el cariz que tomaron los acontecimientos, el abogado de El País, Gerardo Viada, difundió una comunicación interna. En ella explicaba tres cosas.
En primer lugar, recordaba que la Comisión de Deontología de FAPE había considerado que la información de El País no había vulnerado ninguna norma deontológica. En segundo lugar, que la demanda de rectificación ante el Juzgado de Primera Instancia había sido desestimada.
Por último, se reconocía la admisión a trámite de la demanda por un presunto delito de calumnia pero asumía personalmente la presentación del “recurso de forma” contra la imputación del director. Y añadía:
-- “Esta alegación se ha hecho siempre, con Javier Moreno y con Jesús Ceberio, porque es una cuestión estrictamente jurídico-procesal y que, en este caso, está pendiente de resolver por parte del Juez de Instrucción. Por tanto, son completamente falsas las informaciones publicadas en algunos confidenciales que dicen que “Caño se lava las manos y culpa a la autora de la información”, toda vez que ni siquiera sabía que había interpuesto este recurso. Se trataba, únicamente, de que el Director no tuviera que declarar para evitar precisamente la manipulación de la información, como efectivamente se ha hecho”.
Hay que decir que, finalmente, el juez no aceptó la solicitud de los servicios jurídicos del Grupo Prisa. Antonio Caño y Rosario G. Gómez tendrán que declarar el próximo 10 de noviembre.
