Presiones del Gobierno a Vox para que “afloje” como acusación en el 1-O

El partido fundado por Santiago Abascal (ex diputado vasco del PP) se personó como acusación particular en el procedimiento judicial que se inició en la Audiencia Nacional tras presentar la fiscalía una querella contra el Govern de Cataluña días después de la declaración de independencia.

La parte de la causa referida al ex presidente Puigdemont y a los ex consejeros pasó al Tribunal Supremo, a manos del juez Pablo Llarena. Además de Vox, están personadas en el caso la Fiscalía y también la Abogacía del Estado, por orden del Gobierno, al considerar que se ha visto perjudicado por el gasto de dinero público en el referéndum y el proceso secesionista.

Durante estos meses de proceso judicial los servicios jurídicos de Vox han mantenido una postura dura. Por ejemplo, han insistido varias veces en solicitar a Llarena que dictara prisión provisional para los ex consejeros del Govern que impulsó la declaración de independencia: decisión que Llarena volvió a adoptar en marzo para los que habían salido en libertad (todos menos Oriol Junqueras y Joaquim Forn).

Ha sido producirse el cambio de Gobierno y de fiscal general del Estado y empezar a deslizarse la idea de que podría cerrarse un pacto entre las defensas de los acusados y la fiscalía, que rebajaría sensiblemente las condenas. Todo ello en el contexto de la nueva etapa de diálogo y distensión que Pedro Sánchez trata de abrir con el ejecutivo autonómico de Quim Torra.

Mensajes a Vox

Pues bien. Fuentes de Vox consultadas por ECD explican que coincidiendo con el relevo del PP por el PSOE en La Moncloa han comenzado a recibir mensajes, a través de personas que actúan como “emisarios” del Gobierno de Sánchez, que pretenden influir en la estrategia judicial del partido.

Distintas fuentes de Vox explican que recientemente les han llegado mensajes para que “aflojen” en su postura dura en la instrucción del juez Llarena, que ya se ha cerrado, y próximamente en el juicio oral que se celebre en otoño en el Tribunal Supremo.

Y esos mensajes, que les han llegado a través de personas relevantes del PSOE, van con el añadido de “por vuestro bien” tendrían que “bajar la velocidad”, la presión en el procedimiento judicial por el 1-O. De ahí que en Vox vean como una amenaza, como una advertencia este mensaje llegado del entorno del Gobierno.

La respuesta dada por Vox a estas personas que se han acercado para transmitir esos mensajes a sus abogados es que no van a “aflojar”.

Desde esta acusación particular denuncian que esas presiones se han producido tras el cambio de Gobierno, si bien apuntan a que en la etapa del PP el fiscal general del Estado que dirigió las querellas, el fallecido José Manuel Maza, ya recibió fuertes presiones por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Rajoy.

Justo después de revelar a ECD desde Vox estas presiones, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, del equipo jurídico de Puigdemont, pidió este jueves públicamente a Pedro Sánchez que se aplicara en desactivar la acusación de Vox. Incluso habló sin tapujos de que el Gobierno impulse investigaciones sobre este partido político.