AHORA: denuncian a Irene Montero por discriminar a los hombres en su ministerio

Pide a la Fiscalía del Supremo que llame a declarar a la ministra por un presunto delito de prevaricación porque el 79% de los altos cargos nombrados en su Ministerio son mujeres y sólo un 21%, hombres.

El Partido Laócrata ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo a la ministra de Igualdad Irene Montero por haber nombrado mayoritariamente a mujeres para los altos cargos de su departamento. En la denuncia se acusa a la dirigente de Podemos de haber quebrantado "a sabiendas" la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, "vulnerando el principio de presencia equilibrada 40/60". 

La denuncia de 16 páginas da por acreditado que la ministra actuó con "dolo" a la hora de ejecutar los nombramientos. Y se remite a las declaraciones realizadas en una entrevista en La Sexta, donde aseguró no encontrar problema en que "las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres", ya que "durante muchos siglos la sociedad ha sido gobernada exclusivamente por hombres".

Según el texto, la política de nombramientos implantada por Montero "incumple los artículos 4, 14.4, 16 y 52, la Disposición Adicional" de la citada ley de Igualdad. "La ministra sabía que no podía nombrar sólo mujeres, así que esperaron casi 15 días para culminar el cumplimiento de su caprichosa voluntad que era que todos los cargos y nombramientos fueran mujeres, e incluir en cargos inferiores del Ministerio y el Instituto de la Mujer, tres hombres para tratar de disimular el flagrante, abusivo y a sabiendas incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007", reza el escrito. 

Entre los nombres citados están la secretaria de Estado Noelia Vera; las directoras generales Rita Bosaho y María Dolores García; la directora del Instituto de la Mujer Beatriz Gimeno; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; o la directora de Gabinete de la propia ministra, Amanda Meyer. Entre los hombres, el subsecretario de Igualdad Pedro Francisco Guillén,;el secretario General Técnico, Ignacio Sola Barleycorn; o el subdirector general de Programas, Luis Simo Moreno.

La denuncia, presentada el pasado cinco de marzo por Sergio Cebolla ante el Alto Tribunal en representación del Partido Laócrata, solicita que la ministra sea llamada a comparecer ante la Fiscalía. El artículo 404 del Código Penal dice que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".