La “aplicación paulatina” y disposiciones vacías, los argumentos del PP contra los decretos sociales

El pasado jueves, y apenas un día después de que la Diputación Permanente del Congreso aprobara los seis decretos sociales del Gobierno, el PP recurrió al Tribunal Constitucional dos de ellos: el de la ampliación del permiso de paternidad y el del alquiler. Los populares consideran que ambos textos no justifican la “urgente necesidad” y, por tanto, van en contra de la Carta Magna.

Según explican al Confidencial Digital desde el PP, en los recursos se destaca que, en el momento de disolución de las Cortes, el 5 de marzo, se encontraban en tramitación, con la misma temática, 10 Proposiciones de Ley, sin que se produzca mención alguna por parte del Ejecutivo a estas tramitaciones y por qué es necesario sustituirlas por la vía de urgencia con un Real Decreto-Ley.

Por otra parte, según alega el Grupo Popular, los Reales Decretos-Ley tienen que tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente. Sin embargo, esto no es así en el llamad Real Decreto-Ley de igualdad de trato que amplía los permisos de paternidad, ya que “adolece de una clara falta de inmediatez”.

Como ejemplo, se introduce una nueva disposición transitoria décimo segunda en la que se explicita la “aplicación paulatina” de los artículos 45 y 46 de la norma. También sucede una moratoria en la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley.

“La urgente necesidad es falsa”

En el caso del Real Decreto-Ley de vivienda y alquiler, el Grupo Popular denuncia en su recurso que el Gobierno, en la exposición de motivos, pretende aportar unas cifras que supuestamente justifican la situación de extraordinaria y urgente necesidad de la norma.

Sin embargo, “la mera cita de porcentajes descontextualizados y la realización categórica de afirmaciones sin verdadera base estadística no puede esgrimirse en fundamento del presupuesto habilitante, sino que las razones o motivos han de ser reales”, según el recurso del PP.

Explica además el PP, con datos de fuentes oficiales y públicas, que las afirmaciones de la exposición de motivos aportadas por el Gobierno como justificación de una extraordinaria y urgente necesidad de la norma son “o bien falsas” (caso de la afirmación de la intensa subida de precios en varias provincias), “o parciales e incompletas que conducen a error y no muestran la realidad completa e inexistente” (caso del número de lanzamientos de arrendatarios o de la tasa de esfuerzo de la persona o familia en alquiler).

Al final del recurso, el PP resalta que el Real Decreto-Ley del Gobierno sobre vivienda no respeta diversas exigencias constitucionales, como la de hacer una presentación explícita y razonada; tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente o tener una necesaria conexión entre la situación de urgencia extraordinaria, justificada y definida por el Gobierno, y la medida concreta que este adopta para solventar la misma.