La Asociación Francisco de Vitoria, contra Lesmes: el CGPJ nombra a "amiguetes"

Entre los cargos designados figura José Ramón Navarro, reelegido presidente de la Audiencia Nacional y que forma parte de esa agrupación de jueces

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS).
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS).

El pasado jueves, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo denunciando que 22 nombramientos del Consejo General del Poder Judicial no se hacen conforme a la ley.

La Asociación Francisco de Vitoria, con la que ha podido contactar Confidencial Digital, sostiene que el incumplimiento de la ley da lugar a nombramientos que se hacen con "total subjetividad".

Algunos miembros sostienen que el Consejo "se niega a cumplir la ley y nombra a conocidos y amigos".

"Tal y como está ahora establecido el Consejo, lo que dice Carlos Lesmes va a misa, nadie se atreve a ir en su contra", sostiene el portavoz de la Asociación, Raimundo Prado.

El artículo 326 no se está cumpliendo

Desde las asociaciones que han recurrido los nombramientos sostienen que no se está cumpliendo el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este artículo sostiene que "La provisión de destinos de la carrera judicial se hará por concurso, en la forma que determina esta Ley, salvo los de Presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, y Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo".

La provisión de estos cargos "se basará en una convocatoria abierta cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto. La convocatoria señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato".

Desde la AJFV señalan que no se están pormenorizando los méritos de antemano. "Cuando alguien se presenta no sabe exactamente qué es lo que se le va a exigir, lo que da lugar a nombrar con mucha discrecionalidad", sostienen.

También señalan que desde la Asociación se propuso que tuvieran en cuenta la opinión de los jueces que iban a ser representados. Por ejemplo, que si se trataba del presidente o presidenta de un tribunal superior de una comunidad autónoma, que se "oyera" a los jueces de la comunidad aunque no tuviera esto carácter vinculante. El Consejo se negó. "Tienen miedo a la democracia", sostienen desde la AJFV.

 

Sin embargo, el artículo 326 se aprobó el pasado 28 de diciembre de 2018, aunque desde la Asociación sostienen que se hizo "porque había que seguir directrices europeas, que establecen que los presidentes de los órganos jurisdiccionales de los altos cargos tienen que determinarse los méritos con carácter previo y ponderándolos".

Prado señala también que se tiene mucho en cuenta la comparecencia que los jueces hacen para presentar su candidatura. "Desde el Consejo dicen que es determinante, cuando debería tener una finalidad explicativa y resumida de los méritos del candidato", sostiene la Asociación.

Matizan que "no tiene virtualidad práctica porque, aunque en las comparecencias los candidatos prometan cosas, no hay forma de controlar que se vayan a cumplir".

"Si se cumpliera la ley, Navarro saldría de todas maneras"

Al recordarle a la Asociación que el reelegido presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, forma parte de la misma, sostienen que "no lo critican". "Es lícito que se presente, él conoce nuestra postura y creemos que saldría de todas maneras si se ponderaran los méritos porque su experiencia es intachable", puntualizan.

El propio portavoz de la Asociación, Raimundo López, señala que él mismo va a impugnar las bases para la convocatoria a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, puesto para el que se presenta candidato. "Sé que no voy a salir porque he sido una persona muy crítica con el Consejo", comenta.

"No es que las personas elegidas no tengan méritos", aclara, pero especifica la cuestión es que se cumpla la ley y las bases estén establecidas de antemano.

Se van a convocar todas las plazas que quedan

El miércoles 24  se eligieron a los presidentes de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de las Audiencias Provinciales de A Coruña, Valencia, Castellón y Valladolid.

Hace unos días, el CGPJ aprobó las bases para la convocatoria de 16 cargos judiciales, entre los que se encuentran la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias y Navarra.

A pesar de la polémica, en la nota de prensa en la que el Consejo anuncia estas convocatorias señala que se aprueban cumpliendo lo dispuesto en la reforma del artículo 326.2 de la LOPJ.

Desde la AJFV señalan que, a pesar de que el actual Consejo está en funciones, "quieren dejarlo todo hecho para los próximos cinco años y lo están haciendo de una forma un poco descarada".

"Podrían prorrogar los cargos actuales, en vez de nombrar nuevos; deberían esperar a que hubiera un nuevo consejo", señala Prado.

Un voto particular

Dentro del Consejo, una sola vocal se ha opuesto a estos nombramientos, Concepción Sáez. Confidencial Digital pudo acceder el pasado mes a uno de sus votos particulares, en los que remarcaba de nuevo que el Consejo está nombrando a pesar de estar en funciones y que no se está cumpliendo la ley respecto a los méritos.

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