Asociaciones de jueces atribuyen las maniobras de Lesmes con la Fiscal General a sus aspiraciones al TC
Interpretan la anulación de la votación de ‘idoneidad’ sobre Dolores Delgado como un movimiento suyo para acercarse al Gobierno
El Consejo General del Poder Judicial ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal General del Estado con una decisión marcada por la polémica. El texto ha salido adelante con los vocales muy divididos: doce a favor y siete en contra. Se ha validado el nombramiento, pero se ha evitado pronunciarse sobre su “idoneidad” para el cargo.
El órgano de gobierno de los jueces tardó algo más de una hora en estudiar la propuesta elaborada el presidente, Carlos Lesmes, y fueron precisamente los vocales más conservadores, que le han apoyado, los que ahora han votado en contra en la cuestión de si cumplía los requisitos legales para el nombramiento.
La valoración de la idoneidad del candidato, que no se ha producido en este caso, sí había estado en la propuesta de los anteriores fiscales generales, José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra. Fue una decisión de Carlos Lesmes, una actuación que para algunas asociaciones de jueces esconde un intento del presidente por acercarse al Gobierno.
Presidir el Tribunal Constitucional
En efecto, Carlos Lesmes fue quien decidió eliminar una votación sobre la “idoneidad” de la candidata, aparentemente para evitar una fractura en el órgano de gobierno de los jueces y lograr el mayor consenso posible vocales.
Fuentes del Foro Judicial Independiente, consultadas por Confidencial Digital, opinan que la actuación del presidente del CGPJ “ha sido muy polémica”.
Las asociaciones de jueces lo ven como un movimiento de Carlos Lesmes para acercarse al partido socialista y al Gobierno, de cara a sus aspiraciones de convertirse en presidente del Tribunal Constitucional, cargo que tiene que ser renovado porque su titular, Juan José González Rivas, ha superado el mandato y se encuentra en funciones.
Paralizar los nombramientos
De igual forma, Carlos Lesmes ha propuesto paralizar el nombramiento de los próximos cargos judiciales, a la espera de “de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno”.
Otra decisión que también es enmarcada en un deseo del presidente de acercare a las posturas del actual Gobierno.
Los procesos selectivos para cubrir estas vacantes volverán a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial “se constatan avances de cara a la renovación”, a fin de evitar el perjuicio en los servicios públicos de la Administración de Justicia. Entre las plazas pendientes hay tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Más de un año en funciones
El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones más de un año, desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció su mandato de cinco años.
Precisamente, su presidente, Carlos Lesmes, ha advertido a las Cortes hasta en tres ocasiones de su deber de renovar el Consejo, la última el pasado 23 de diciembre.
Sin embargo, durante el periodo que lleva en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo, algunos de ellos bien relacionados con Lesmes.
El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya se ha pronunciado, diciendo que es una “prioridad” renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, mientras que desde el Partido Popular se ha declarado que no están dispuestos a pactar nada con el Gobierno que preside Pedro Sánchez.
En un primer momento, Vox dio la sorpresa, al anunciar su disposición a negociar esas renovaciones, pero después sus portavoces dieron marcha atrás negando que quieran pactar los nombramientos.
