El coronavirus se está cobrando otra víctima: nuestra libertad

Una de las consecuencias, de fondo, de los atentados del 11-S en Estados Unidos, consistió en que la población norteamericana, golpeada por el terrorismo de una manera imprevista y brutal, decidió apostar por la seguridad de una forma casi desesperada.

Por así decirlo, se juraron a sí mismos que nunca podría volver a ocurrir algo semejante. Y que, por tanto deberían tomarse todas las medidas, todas las necesarias, aun a costa de tener que pagar precios elevados por ello.

Como resultado, los estadounidenses han asumido que la seguridad es tan importante que justifica renunciar a unos cuantos derechos básicos, con tal de garantizarla.

Desde el 11-S se ha producido en aquel país, y de rechazo en casi todo el mundo, un retroceso en la protección de los derechos individuales y sociales, permitiendo, entre otras cosas, invasiones de la privacidad, tráfico de datos, retrocesos en la salvaguarda de las comunicaciones, vigilancias, detenciones…

Traigo a cuenta una cuestión tan seria, como es la renuncia a una parte de la libertad como precio por garantizar la seguridad, a propósito de lo que ocurre ya con una invasión de otro tipo: la pandemia de coronavirus.

Son cada día más los intelectuales y pensadores que muestran su sorpresa por la facilidad con que Europa, en concreto, ha reducido determinados ámbitos de su libertad con el argumento de la seguridad, en este caso sanitaria.

La sorpresa es la rapidez y normalidad con que tal cosa ha ocurrido. Sin resistencia, sin debates, mansamente.

Eso mismo, por supuesto, se ha instalado en nuestro país, en España.

Nos hemos encerrado todos en nuestras casas sin rechistar, sin cuestionar si la medida es proporcionada. Se mueren nuestros mayores abandonados en los hospitales, excluidos del tratamiento necesario. Hemos dejado de convivir, de trabajar, y muy pronto dejaremos de cobrar nuestros sueldos porque han paralizado absolutamente la economía. Están en peligro millones de puestos de trabajo y por tanto el futuro de las familias.

Pero todo eso no está en la reflexión social. Nadie se formula preguntas. Porque solo existe un pensamiento, un objetivo único: vencer al virus. Y todo lo demás carece de importancia.

Algunos hablan de civismo, de sentido de responsabilidad, hasta de madurez democrática, pero lo que está ocurriendo es que se ha perdido el sentido crítico, la capacidad de análisis y de reflexión.

Lo hemos dejado todo, con los ojos cerrados, en manos de quienes teóricamente van a resolver el problema. Sin cuestionamientos.

Ni siquiera nos hemos parado a pensar si esos responsables están capacitados para tamaño desafío, y si vienen tomando las decisiones adecuadas. Como están al mando, todo lo que decidan vale, porque la prioridad es la seguridad. Por encima de todo.

Ahora se anuncia que el Gobierno pretende forzar el aislamiento de infectados asintomáticos, llevándolos a lugares como hoteles, polideportivos, hospitales de campaña, palacios de congresos… lejos de sus casas y de sus familias.

Un confinamiento que, perdón por la referencia, no se alejaría mucho de los campos de concentración del pasado, aunque algunos pretendan camuflarlos con la ingenua denominación de Arcas de Noé.

¿Y para qué? Con el argumento de que así se reduciría la plaga, porque –afirman- esas personas son  las causas principales de la propagación de la enfermedad.

Y yo pregunto. ¿Es que vale todo? ¿No hay límites?

Un miembro del Gobierno, vicepresidente segundo por más señas, acogiéndose al artículo 128 de la Constitución, acaba de sostener que toda la riqueza del país, con independencia de a quién pertenezca "está subordinada al interés general".

Una frase que, dicha por Pablo Iglesias, y conociendo sus orígenes ideológicos, no puede menos que provocar suma inquietud.

Otra de las amenazas es la intención de vigilar a la generalidad de los españoles, rastrear movimientos y actividad de todos, mediante el seguimiento de los teléfonos móviles, hoy perfectamente posible a través de las operadoras y sus nudos de enlace distribuidos por España.

Nos quieren vigilar a través de los teléfonos móviles y nada ni nadie se escapará de ese plan. ¿Quién habló de vida privada?

Cuando se conoció que el Instituto Nacional de Estadística había pagado medio millón de euros a las compañías de telecomuniciones para tener acceso a las ubicaciones de los españoles, con la excusa de realizar un estudio sobre movilidad, confieso que esos días procure tener apagado mi teléfono todo el tiempo posible.

Ya sé que mi actuación no sirvió para demasiado, pero era una forma de resistencia a invasiones de ese estilo. Un gesto que habría tenido mayor repercusión si otros muchos hubieran hecho lo mismo. Repito, como iniciativa de resistencia frente a los abusos inadmisibles.

Pienso que hay que plantear el debate. No vale todo. Ni siquiera con la excusa de que nos ataca una pandemia mortal. Tiene que haber algún límite a las decisiones y medidas que se adopten. La libertad es algo más que un detalle decorativo. Al menos es lo que pienso yo.

editor@elconfidencialdigital.com

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