¿Deben competir entre sí la Policía Nacional y la Guardia Civil?
La primera “policía nacional” de España data de 1824, cuando el rey Fernando VII dictó un decreto sobre “las policías del reino”. No obstante, la actual denominación de Cuerpo Nacional de Policía no llegaría hasta la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986. La Guardia Civil, fundada en 1844, ha mantenido siempre el mismo nombre.
Más allá de ese cambio de denominaciones en la Policía, lo cierto es que ha existido, desde el siglo XIX, una convivencia entre dos cuerpos policiales, uno civil y otro militar, que se han repartido grandes logros a lo largo de 175 años, aunque también han protagonizado importantes luchas de poder y también una competencia que, en ocasiones, ha sido perjudicial.
Varias operaciones, de hecho, quedaron marcadas por una pugna entre ambos cuerpos que comprometieron varias investigaciones. En el caso de la Operación Nécora contra el narcotráfico en Galicia, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón priorizó a la Guardia Civil, cuando la primera detención, que provocó información clave, fue realizada por la Policía Nacional.
Esa decisión, que provocó varios errores de coordinación, ha sido repetida en muchos otros casos, con la formación de policías judiciales con integrantes de ambos cuerpos. Un gran número de jueces, por tanto, consideraban a finales del siglo XX positiva esa competencia. Una opinión que ha ido evolucionando a lo largo de los años.
Un reparto de papeles con polémica
El espíritu de la Ley Orgánica de 1986, sin embargo, iba en otra dirección. El objetivo era acotar los papeles de los dos cuerpos, y también sus áreas de actuación. No obstante, como denuncian sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil, “al final lo único que se ha repartido es el ámbito territorial en el que actuar”.
Efectivamente, y originariamente ambos cuerpos se distribuyeron geográficamente como policías de ocupación divididas y fraccionadas: a grosso modo, la Guardia Civil es competente en el ámbito rural, y la Policía Naciona) en el medio urbano.
Una división del país, a efectos de seguridad, que podía ser útil en el siglo XIX pero que, en opinión de la Asociación Unificada de la Guardia Civil hoy está “desfasada”, y que apunta a “una de las mayores deficiencias” de las que adolece la LOFCS de 1986, que es su incorrecta distribución de competencias.
Pese a esta crítica, desde el Gobierno y otras instituciones insisten en que ese “reparto” ha permitido, durante todos estos años, garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.
Además, añaden, la existencia de dos cuerpos policiales también es una “garantía democrática”, ya que no se concentra todo el poder y el control en una sola institución. De hecho, destacan, España es “solo uno de los grandes países” que apuesta por un modelo basado en la convivencia de varias policías: “Pasa en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Reino Unido...”
La experiencia fallida del mando único
La competencia existente entre los dos cuerpos policiales españoles ha traído consigo, como se ha apuntado, algunos problemas y errores de coordinación que desde el Gobierno se trató de solventar con algunas decisiones que no dejaron a nadie contento.
Una de ellas fue la creación de un mando único para la Policía Nacional y la Guardia Civil, fusionando las direcciones generales de ambos cuerpos. Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a los dos años de su llegada a Moncloa.
El Ministerio del Interior aprobó, en 2006, la creación de una dirección única, que inauguró Joan Mesquida, hoy diputado electo de Ciudadanos. En 2008, tomó el relevo Javier Vázquez, que ocupó el cargo hasta la nueva reestructuración realizada por el Gobierno del PP tras el triunfo electoral de Rajoy en noviembre de 2011.
Desde entonces, ambos cuerpos han tenido direcciones generales por separado, aunque eso pudo volver a cambiar el pasado verano, tras prosperar la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez y el regreso de los socialistas al Ejecutivo.
Tal y como se acaba de señalar, la figura del mando único para ambos cuerpos duró hasta la llegada de Rajoy a La Moncloa, y coincidió también con la estancia de Fernando Grande-Marlaska en el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, por lo que el ahora ministro conocía a la perfección cómo funcionaban la Policía y la Guardia Civil con ese sistema
El actual titular de Interior veía con buenos ojos ese cambio para ir al mando único, y desde el mismo día de su nombramiento muchos cargos en el Ministerio daban por hecha esa reestructuración. Sin embargo, se paralizó en seco cuando Marlaska y su equipo tuvieron constancia de la oposición férrea de la Guardia Civil.
Según relataron al Confidencial Digital mandos del Instituto Armado bien situados en la Dirección General de Guzmán el Bueno, importantes generales de la Guardia Civil se negaron en rotundo a volver al mando único. Entre otras cosas –argumentaban- porque “la situación de cada cuerpo es muy diferente ahora y el mando único iba a ir en nuestra contra”.
En el Instituto Armado siempre se ha considerado que el mando único supone un “freno” a las unidades de la Guardia Civil, que deben “acompasarse” al “ritmo más lento” de la Policía Nacional.
En ese sentido, mandos de la Benemérita afirman que “la UCO, por ejemplo, es la preferida por los jueces en detrimento de la UDEF, y el mando único trataba de promocionar a la Policía en una serie de investigaciones”.
La vieja reivindicación de fusión
Algunos sindicatos y asociaciones, especialmente de la Guardia Civil, defienden que, para la perfecta coordinación, más que un mando único, se necesitaría la fusión de ambos cuerpos. Un extremo jamás contemplado por ningún gobierno.
El año pasado, de hecho, la AUGC expuso en el Congreso su propuesta de unificación. Su secretario general, Alberto Moya afirmó que, siguiendo el criterio exclusivo de la búsqueda de la mayor eficiencia, no existen argumentos de peso para mantener un modelo dual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, defendió que la unificación supondría de entrada, acabar con las llamadas “guerras de policías” que suponen un mayor empleo de recursos.
La asociación, sin embargo, planteó como medida alternativa el establecimiento de un nuevo mapa de seguridad con un reparto de competencias mucho más especializado, donde no se dupliquen las mismas. Una propuesta, esta última, que parece convencer a más asociaciones del Instituto Armado, a los sindicatos policiales, y al Ministerio del Interior.
