El decreto-ley de Torra obliga a registrar a todos los asistentes a reuniones incluidos lugares de culto

El decreto-ley dictado por el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, para ejecutar el confinamiento en zonas de Cataluña afectadas por rebrotes del coronavirus incluye la obligación de “registrar a todos los asistentes en salas privadas, públicas o lugares de culto” dentro de una disposición sobre el control de los espacios públicos y de reunión.

Expertos en derecho constitucional consultados por Confidencial Digital advierten de que esta orden vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa y viola la Ley de Protección de Datos.

El embrollo jurídico ocasionado a raíz de que el fiscal de Lleida impugnara la decisión de confinar la provincia el pasado domingo no termina de resolverse. El Govern ha sacado adelante un decreto ley para dar cobertura jurídica a todas las medidas que se impongan a partir de ahora para frenar el avance de la pandemia. El texto renuncia finalmente a la prohibición del desplazamiento absoluto, una materia complicada de regular sin un estado de alarma vigente, pero incluye otros artículos de dudosa legalidad, como el texto mencionado.

“Es verdaderamente llamativo el anexo 3”, explica Lorenzo Cotino, catedrático en derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. “Si se decretara esta medida tendría que tomarse nota de quiénes han ido a misa en un listado, quiénes se han reunido en un partido político o en una reunión sindical”, explica.  

Este párrafo de apenas tres líneas incluido en el documento no especifica el carácter de los datos que deben quedar registrados, quién debe hacerlo, dónde se almacenarán o cuánto tiempo estarán guardados. ECD ha tratado de aclarar estos puntos con un portavoz oficial del Govern. El organismo remite al Departamento de Salud que, preguntado por estas cuestiones, no ha ofrecido respuesta al momento de cerrar esta edición.

La expansión del coronavirus en la ciudad de Lleida y en sus alrededores, la comarca de Segrià, ha desatado las alarmas en Cataluña, pero ya también a nivel nacional. Los casos positivos aumentan en porcentajes muy altos (un 41% más en una semana). La velocidad de contagio comunitario es muy elevada, y este miércoles había ya unos 50 focos activos en la provincia de Lleida, entre brotes y agrupaciones de casos.

Las medidas del Govern de Cataluña para tratar de poner coto a la multiplicación de contagios han ido provocando sucesivas polémicas. Cuando Quim Torra trató de confinar -tras resistirse durante días- la comarca de Segrià. En un primer momento un juez tumbó el plan del Govern de la Generalitat, luego otro lo avaló, y todo entre presiones a Torra para que pidiera al Gobierno de España que declare de nuevo el estado de alarma para que al menos se pueda confinar esa zona de la provincia de Lleida, mientras que los independentistas radicales denunciaban que "la justicia española", tras condenar a los líderes del 1-O, ahora iba a provocar la muerte de muchos catalanes al impedir confinar Segrià.

Por cierto, que a los casos de Lleida se suma cierta preocupación por los casos que aumentan en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el segundo municipio más poblado de Cataluña tras Barcelona con 260.000 habitantes.

Vulnera derechos fundamentales

Ese registro de asistencia supone “una medida similar a la que se pide a las compañías de transporte. Pero en lugares de culto no pueden exigir el registro, salvo que se haga voluntariamente”, asegura Carlos Vidal, catedrático de derecho constitucional de la UNED. Alerta de que se trata de una violación de la libertad religiosa y de culto, contenidas en el artículo 16 de la Constitución. 

Lo mismo sucede con la Ley de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. “Los registros son palabras mayores”, añade Ana Aba, profesora de derecho constitucional de la Universidade da Coruña, “en una cesión de datos ocurre como en las apps para los rastreos: tiene que ser una cesión voluntaria y tiene que respetar el anonimato, que no permitan dañar e invadir la privacidad”. 

Los expertos coinciden en que la intención última de la Generalitat con esta disposición debe ser conocer los datos de las personas para poder localizarlas en caso de contagios y hacer el seguimiento. Pero explican que en esta situación hay que ponderar qué derecho prevalece. “Hay que ver si el fin por el que se restringe el derecho es un fin constitucional”, dice Asunción de la Iglesia, profesora de derecho de la Universidad de Navarra.

Concretar la medida con garantías

El decreto ley es una norma pensada para dar cobertura a los desarrollos posteriores. Por eso, el Govern o el Departamento de Salud pueden seguir acotando el alcance de este documento con medidas posteriores. Y ahí estará la clave de este punto que, en la redacción actual, genera inseguridad jurídica según los constitucionalistas. 

“Habrá que ver cómo lo hacen y qué garantías se prevén, pero es peligroso dejarlo tan abierto como figura en el decreto ley”, explica Vidal. Tendrá que decidirse qué datos se van a utilizar y cómo. “Que no se haga un mal uso y que se destruyan después. Es decir, es preciso evitar que esos datos recogidos por razón de salud pública se puedan utilizar para otros fines. Pero esto no está exento de problemas de constitucionalidad”, apostilla De la Iglesia.

La jurisprudencia del Constitucional

El Alto Tribunal declaró inconstitucional en mayo de 2019 (sentencia 76/2019) una Ley Orgánica que permitía a los partidos políticos recoger datos sobre las opiniones de los electores para crear perfiles ideológicos.

Fue el Defensor del Pueblo quien interpuso este recurso y los magistrados del Constitucional consideraban que suponía una “injerencia grave en el derecho fundamental a la protección de datos personales”.

“Para poder regular esto, si ya es discutible que lo haga el Estado a través de una Ley Orgánica, la Generalitat a través de un decreto ley tendría que hacerlo con muchas más garantías”, explica Cotino.