La difícil reconciliación en Costa de Marfil

Se producen profundas heridas en la sociedad, que cuesta luego mucho tiempo restañar. Es el caso de Costa de Marfil, un país casi modélico en los tiempos del presidente Félix Houphouët-Boigny. Hoy le cuesta recuperar la normalidad, a pesar del claro apoyo de la comunidad internacional, y de la acción del Tribunal Penal de La Haya contra el anterior presidente Laurent Gbagbo.

En el oeste de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Liberia, sigue habiendo acciones bélicas en muchas aldeas –con víctimas también entre los cascos azules de interposición‑, que impiden la fluidez en el trabajo de las ONG humanitarias, así como la recomposición de los movimientos de población derivados de la guerra civil, que afecta a cerca de 140.000 refugiados. Sin, duda, son hechos más graves que la violencia verbal entre los grupos políticos de la capital Abidján. Alassane Ouattara no acaba de conseguir que avancen de veras sus planes de reconciliación.

A juicio de Human Rights Watch, detrás del conflicto están restos de milicias de Gbagbo y centenares de mercenarios liberianos, que reclutan a niños soldados, antes de cruzar la frontera, y utilizan armas escondidas en pueblos y bosques. La financiación procedería de personajes del anterior régimen, así como de la explotación de minas de oro artesanales.

Por otra parte, siguen actuando las FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire, partidarias de Ouattara durante el conflicto armado): de hecho, cobran “impuestos” a cambio de protección, como antes las milicias de Gbagbo, y practican injustas ejecuciones sumarias, violaciones y torturas.

Las fuerzas oficiales de seguridad se van desplegando poco en la región, pero policías y gendarmes no están armados. Para tratar de encauzar las tensiones, el Ministerio del Interior ha establecido comités de alerta, formados por jefes tradicionales y representantes de las autoridades locales, de los partidos políticos y la sociedad civil. Los prefectos tienen como objetivo la reconciliación, pero la población sigue confiando más en sus viejos líderes, que están en La Haya o en el exilio.

La inestabilidad social y militar se refleja también en la falta de diálogo entre gobierno y oposición. El partido de Gbagbo, el Frente Popular de Costa de Marfil, que boicoteó las elecciones generales de diciembre de 2011, sigue exigiendo la liberación de los presos, la descongelación de sus activos económicos, y la aceptación del retorno voluntario de los exiliados. Lógicamente, un portavoz de Alassane Ouattara les acusa de no estar dispuestos a ningún acuerdo. Los radicales de ambas partes provocan un auténtico diálogo de sordos, que impide de hecho que prosperen las tesis moderadas.

Esta situación complica el trabajo de la Comisión, al modo sudafricano, Diálogo, Verdad y Reconciliación, que se constituyó con toda solemnidad en septiembre pasado en Yamoussoukro, presidida por el antiguo primer ministro Charles Konan Banny. Es un organismo autónomo financieramente y jurídicamente independiente, pero sufre serias dificultades para reunir fondos de donantes. De hecho, no ha podido poner en marcha el gran objetivo de crear 36 comisiones locales, para recoger los testimonios de las víctimas y fijar posibles reparaciones.

Tampoco facilita su trabajo el boicot de Laurent Gbagbo, encarcelado en La Haya, acusado ante el Tribunal Penal Internacional de graves crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. No parece que la petición de amnistía para acciones posteriores a la elección de noviembre de 2010 en que fue derrotado, vaya a facilitar que la gente hable con libertad y ayude a esclarecer la verdad de los hechos. Como en tantos otros lugares, prevalece el derecho de las víctimas a que se haga justicia.

Lógicamente, los moderados rechazan la mera “justicia de los vencederos”: hasta ahora, las 148 personas acusadas formalmente ​​de crímenes cometidos durante la crisis post-electoral, eran miembros o próximos al régimen de Gbagbo. Este dato sugiere cierta impunidad para las fuerzas que llevaron al poder a Ouattara, y no contribuye al consenso, a pesar de la solemne declaración que Alassane Ouattara hizo a Le Monde en una entrevista publicada con motivo de su viaje a París el 25 de enero, sobre sus objetivos imperativos: “Restaurar el diálogo, frenar la violencia, asegurar la reconciliación entre los diferentes sectores de la población”; en definitiva, “hacer la democracia irreversible en Costa de Marfil"

Se producen profundas heridas en la sociedad, que cuesta luego mucho tiempo restañar. Es el caso de Costa de Marfil, un país casi modélico en los tiempos del presidente Félix Houphouët-Boigny. Hoy le cuesta recuperar la normalidad, a pesar del claro apoyo de la comunidad internacional, y de la acción del Tribunal Penal de La Haya contra el anterior presidente Laurent Gbagbo.

En el oeste de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Liberia, sigue habiendo acciones bélicas en muchas aldeas –con víctimas también entre los cascos azules de interposición‑, que impiden la fluidez en el trabajo de las ONG humanitarias, así como la recomposición de los movimientos de población derivados de la guerra civil, que afecta a cerca de 140.000 refugiados. Sin, duda, son hechos más graves que la violencia verbal entre los grupos políticos de la capital Abidján. Alassane Ouattara no acaba de conseguir que avancen de veras sus planes de reconciliación.

A juicio de Human Rights Watch, detrás del conflicto están restos de milicias de Gbagbo y centenares de mercenarios liberianos, que reclutan a niños soldados, antes de cruzar la frontera, y utilizan armas escondidas en pueblos y bosques. La financiación procedería de personajes del anterior régimen, así como de la explotación de minas de oro artesanales.

Por otra parte, siguen actuando las FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire, partidarias de Ouattara durante el conflicto armado): de hecho, cobran “impuestos” a cambio de protección, como antes las milicias de Gbagbo, y practican injustas ejecuciones sumarias, violaciones y torturas.

Las fuerzas oficiales de seguridad se van desplegando poco en la región, pero policías y gendarmes no están armados. Para tratar de encauzar las tensiones, el Ministerio del Interior ha establecido comités de alerta, formados por jefes tradicionales y representantes de las autoridades locales, de los partidos políticos y la sociedad civil. Los prefectos tienen como objetivo la reconciliación, pero la población sigue confiando más en sus viejos líderes, que están en La Haya o en el exilio.

La inestabilidad social y militar se refleja también en la falta de diálogo entre gobierno y oposición. El partido de Gbagbo, el Frente Popular de Costa de Marfil, que boicoteó las elecciones generales de diciembre de 2011, sigue exigiendo la liberación de los presos, la descongelación de sus activos económicos, y la aceptación del retorno voluntario de los exiliados. Lógicamente, un portavoz de Alassane Ouattara les acusa de no estar dispuestos a ningún acuerdo. Los radicales de ambas partes provocan un auténtico diálogo de sordos, que impide de hecho que prosperen las tesis moderadas.

Esta situación complica el trabajo de la Comisión, al modo sudafricano, Diálogo, Verdad y Reconciliación, que se constituyó con toda solemnidad en septiembre pasado en Yamoussoukro, presidida por el antiguo primer ministro Charles Konan Banny. Es un organismo autónomo financieramente y jurídicamente independiente, pero sufre serias dificultades para reunir fondos de donantes. De hecho, no ha podido poner en marcha el gran objetivo de crear 36 comisiones locales, para recoger los testimonios de las víctimas y fijar posibles reparaciones.

Tampoco facilita su trabajo el boicot de Laurent Gbagbo, encarcelado en La Haya, acusado ante el Tribunal Penal Internacional de graves crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. No parece que la petición de amnistía para acciones posteriores a la elección de noviembre de 2010 en que fue derrotado, vaya a facilitar que la gente hable con libertad y ayude a esclarecer la verdad de los hechos. Como en tantos otros lugares, prevalece el derecho de las víctimas a que se haga justicia.

Lógicamente, los moderados rechazan la mera “justicia de los vencederos”: hasta ahora, las 148 personas acusadas formalmente ​​de crímenes cometidos durante la crisis post-electoral, eran miembros o próximos al régimen de Gbagbo. Este dato sugiere cierta impunidad para las fuerzas que llevaron al poder a Ouattara, y no contribuye al consenso, a pesar de la solemne declaración que Alassane Ouattara hizo a Le Monde en una entrevista publicada con motivo de su viaje a París el 25 de enero, sobre sus objetivos imperativos: “Restaurar el diálogo, frenar la violencia, asegurar la reconciliación entre los diferentes sectores de la población”; en definitiva, “hacer la democracia irreversible en Costa de Marfil".