El dinero de Europa no es suficiente para pagar los ERTE de febrero

El Gobierno no tiene dinero para prorrogar los ERTE en febrero. La ayuda solicitada a Europa no es suficiente: le faltan 35.000 millones. El Ministerio de Trabajo ha advertido a patronal y sindicatos que sufre “problemas de liquidez” y, por tanto, que se ha planteado recortar las prestaciones si son necesarias más prórrogas este año.

Hay que recordar que el Ejecutivo tiene todavía pendiente pactar con los agentes sociales las condiciones en las que seguirán más allá de febrero los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autónomos. 

El Ministerio de Trabajo sigue intentando que la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no tenga que aprobarse a última hora, como ocurrió en septiembre. 

Y dado que no están previstas más reuniones con los agentes sociales para negociar la extensión -que ya está decidido que será hasta el 31 de mayo-, el Gobierno acelera para tenerla lista lo antes posible, aunque descarta que se apruebe este mismo martes en el Consejo de Ministros.

España pide 21.000 millones a la UE

Hay que tener en cuenta que España fue el pasado verano el primer país de la Unión Europea en solicitar formalmente a la Comisión los fondos del SURE, el instrumento comunitario ideado de forma temporal para mitigar el golpe del coronavirus en el empleo.

España, que tiene asignados un total de 21.300 millones de euros, será el segundo país de la UE que más ayudas reciba cuando finalicen todos los desembolsos, solo por detrás de Italia.

Pese al fuerte apoyo de las compras del BCE, el Gobierno “está arañando de todas partes”, con tal de conseguir esa financiación, en un contexto en el que todos los países están emitiendo deuda.

La ayuda europea no es suficiente

Con la petición de dinero a Europa, el Gobierno se asegura financiación a un precio barato a largo plazo, y resta presión sobre las emisiones y, por tanto, sobre la prima de riesgo española.

Pese a ello, técnicos del Ministerio de Economía explican a Confidencial Digital que la liquidez provista hasta el momento no será suficiente para la situación de crisis económica que se debe abordar este año y cumplir además con el pago de todas las prestaciones.

Faltan 35.000 millones de euros

Explican que la ayuda europea de 21.000 millones se quedará corta antes incluso de recibirla. España recibió el pasado mes de noviembre 4.000 millones de euros más en préstamos del fondo europeo contra el desempleo. 

Con esa remesa, el Gobierno ha recibido hasta el momento 10.000 millones en créditos a través de este instrumento de financiación. Pero el importe final que logre España va a depender también, entre otros factores, del volumen que demanden el resto de países interesados en este programa. 

Ahora, tras pagar los subsidios de enero durante los primeros días de febrero, la liquidez ya se habrá agotado, según confirman a ECD fuentes conocedoras de la situación.

Fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo calculan que el coste total de las prestaciones, desde octubre hasta finales de enero, superará los 20.000 millones. Pero a esto hay que añadir que la factura de los ERTE antes de la anterior prórroga, el 30 de septiembre, ya alcanzó los 25.000 millones.

Esas estimaciones contemplan también lo que se deja de ingresar por exonerar las cotizaciones, que viene a ser un 30%.

Por lo tanto, el Gobierno admite que necesita 35.000 millones más para completar el plazo vigente del acuerdo con sindicatos y patronal que prorroga los ERTE y el cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de enero.

Un coste de 4.000 millones al mes

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo y la prestación de los trabajadores por cuenta propia alcanzó los 7.000 millones al mes en el punto más álgido de la crisis del coronavirus, por ejemplo en abril y mayo. 

Luego este gasto mensual ha ido menguando conforme han ido saliendo trabajadores de los ERTE, pero estiman que alcanza todavía los 4.000 millones al mes por los alrededor de 750.000 trabajadores que se mantienen en suspensión temporal de empleo.

Se calculó inicialmente el gasto el pasado mes de marzo en 14.000 millones de euros pero el desarrollo posterior de la epidemia va a suponer una cifra muy superior.

Ya a finales de mayo, el Gobierno aprobó líneas de crédito extraordinarias por 30.000 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir el déficit por la falta de ingresos y los costes de las ayudas. Un préstamo que tuvo que ampliarse en noviembre con una transferencia del Estado a la Seguridad Social de otros 6.000 millones.

El coronavirus se ha comido los ingresos

Hay que recordar que la declaración del estado de alarma y la paralización de muchas actividades económicas ha mermado los ingresos del Estado.

Unos trabajadores han perdido su empleo, lo que ha incrementado el gasto en prestaciones; otros se han visto afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 3,5 millones; y otros son autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad, 1,4 millones.

Esta situación ha provocado una caída brusca de la recaudación de la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales: ni los autónomos con esta ayuda, ni los tres millones de ERTE por fuerza mayor han pagado cotizaciones.

Además, hay que destacar la mayor flexibilidad en los aplazamientos del pago de impuestos para empresas y autónomos que se aplicó durante varios meses del pasado ejercicio.

Por si esto fuera poco, el Gobierno tuvo que garantizar también antes de final de año el abono de la extra de Navidad a los nueve millones de pensionistas. En cada paga extra se producen unas exigencias adicionales que en diciembre superaron los 20.000 millones, tal y cómo admiten a ECD altos cargos del Ministerio de Seguridad Social.

Recorte de las prestaciones

Esta complicada situación financiera es la que ha llevado a debatir en el seno del Gobierno la vía de financiación para prorrogar los ERTE y todos los esquemas de ayudas.

Empresarios y sindicatos ya negocian con el Gobierno una segunda prórroga más allá del 31 de enero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha apoyado, recordando que, si se deja caer ahora este modelo, todos los recursos empleados para salvar empresas y empleos en los últimos ocho meses no habrán servido de nada.

Sin embargo, en el área económica del Gobierno reconocen a ECD ser más “sensibles” al golpe que está suponiendo la crisis del coronavirus sobre los recursos del Estado.

Reactivar empresas

Tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, son defensores de un formato de ayudas cada vez más restrictivo con las empresas que no se reactiven y más incentivador hacia las que vuelvan al negocio.

Un planteamiento que se ha hecho llegar a los agentes sociales y que ha abierto la puerta a un recorte de las prestaciones si son necesarias nuevas prórrogas de los ERTE este ejercicio, en función de la evolución de la pandemia.

Un escenario que exigirá un mayor esfuerzo a las empresas si deciden completar las nóminas de sus empleados hasta donde no llegue el Estado (ahora el trabajador cobra un 70% del sueldo bruto y se ha planteado una rebaja al 60%) a cambio de mantener el ERTE.