Y están decidiendo, con un secreto absoluto, cuál será el futuro de España

¡Qué tiempos aquellos, en los que Pablo Iglesias se autoproclamaba referente ético para el país!

Por ejemplo, cuando prometió que él siempre seguiría viviendo en su barrio, en Vallecas. ¿En qué ha quedado aquello?

Fue también entonces cuando, durante una entrevista de laSexta, afirmó solemnemente: "Hay que acabar con el secretismo a la hora de hacer política, con las reuniones en los reservados de los restaurantes. Con las reuniones en despachos en los que parece que decisiones fundamentales se toman al margen de los ciudadanos".

Visto el proceso secreto seguido por él mismo para firmar con Pedro Sánchez el acuerdo de Gobierno de coalición, y los contactos que ahora mantienen PSOE y Podemos para cerrar los flecos, incluyendo qué ministerios acabarán en manos de los morados, es evidente que la vida misma ha desmentido unos principios que parecían casi sagrados.

Por cierto, que Pablo Iglesias se muestra dispuesto a aceptar lo que le den. Como suena. Por ejemplo, un ministerio de Trabajo del que van a quitar las competencias sobre Seguridad Social, que irán a parar a Hacienda o a Economía (las actuales ministras, Montero y Calviño, se las están disputando a cara de perro).

Frente a aquella demanda de acabar con las reuniones en reservados de los restaurantes y en despachos, en las que se toman "decisiones fundamentales al margen de los ciudadanos", la evidencia es que hoy se practica más que nunca el secretismo, el conciliábulo y, finalmente, el ocultismo.

Por supuesto, sucede en las negociaciones PSOE-Podemos, que siguen en marcha. Pero no solamente. Ocurre sobre todo, y esto parece bastante más delicado, en las conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, y que protagoniza, no cualquier portavoz, sino la mismísima vicepresidenta del Gobierno.

¿Por qué surge la inquietud? Porque aquí están en juego cuestiones tan cruciales como la vigencia de la Constitución, la legalidad institucional y la integridad de este país, llamado España.

Parece evidente, puesto que con quien se negocia es con una formación política que, además de tener a sus dirigentes en la cárcel por sedición, se propone como objetivo la independencia de Cataluña, mediante la constitución allí de un república de izquierdas.

Pedro Sánchez ha intentado tranquilizar a la opinión pública, prometiendo que cualquier pacto con Esquerra será respetuoso con la Constitución. El problema está en que es palabra de Pedro Sánchez. Y eso vale lo que vale.

También ha afirmado que los acuerdos se formularán por escrito, para que su conocimiento público. Lo cual es perfectamente compatible con cláusulas secretas de todo tipo, de las que ya ha trascendido algo. Desde el tratamiento penal a los presos del procés, que incluya la remoción de la Fiscal General del Estado, a la aceptación del famoso "relator", y, sobre todo, a la formación de una mesa de negociación de Gobierno a Gobierno.

A lo que se añade aprobar una reforma del Estatuto Catalán, y hasta de la Constitución, para reconocer la "nación" catalana. Una de las tres que, por lo visto, asumen en el Gobierno. Por no hablar de las ocho naciones que ha contabilizado el ínclito Miquel Iceta.

Todo esto son palabras mayores. Muy mayores.

Y lo están decidiendo ahora, estos días. A puerta cerrada. Con el máximo secreto.

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