Exteriores unifica las sedes de la Dirección General de Desarrollo y la AECID y abre la puerta a la integración de los organismos

La nueva secretaria de Estado de Cooperación ha comunicado a los trabajadores del órgano directivo la decisión de trasladarlos a otro edificio del departamento

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Más movimientos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La ministra Arancha González Laya completó el 4 de febrero la designación de los altos cargos de su departamento, y nombró a la diplomática Ángeles Moreno Bau nueva secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Confidencial Digital ha podido saber que Moreno Bau mantuvo una reunión la semana pasada con los subdirectores de Cooperación y Desarrollo en la que les informó de que los trabajadores de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaría de estado de Cooperación Internacional, serán trasladados a otra sede.

La secretaria de Estado comunicó a los jefes de zona que los aproximadamente cuarenta trabajadores de esa dirección general se moverán “inmediatamente” al edificio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Así, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible abandonará su actual ubicación en la calle Serrano Galvache y se fusionará con los cerca de 700 trabajadores de la AECID, con sede en el número 4 de la Avenida de los Reyes Católicos .

La AECID en proceso de reforma

Desde la Dirección General  se ha interpretado este movimiento de trabajadores y su fusión con los de la agencia estatal como el inicio del proceso de transformación o extinción de la AECID.

La Ley 40/2015 de 1 de octubre, en vigor desde el 2 de octubre de 2016, establecía la supresión de las agencias estatales como modelo de entes públicos. Esta ley aportaba una nueva clasificación del sector público institucional estatal, a la que las agencias estatales debían “adaptarse” en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.

Por este motivo, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores sugieren a ECD que cabría esperar una remodelación inminente en el seno de la AECID, para adaptarla, como el resto de Agencias estatales, a la nueva legislación. Esto significaría que la Agencia para la Cooperación perdería su personalidad jurídico-pública propia, una autonomía gerencial y funcional que le confiere su actual régimen de adscripción a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Preguntado por esta cuestión, un portavoz oficial de la AECID reconoce a ECD que la adaptación de la Agencia a las formas jurídicas previstas por la Ley 40/2015 en su artículo 84.1 “no fue posible en tiempo”, algo que sucedió “también con otras agencias estatales”.

Pero aclara que, una vez excedido el plazo inicial concedido a la adaptación de las Agencias estatales, se “ha propuesto en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, y ahora en el de 2020, una moratoria de al menos tres años para poder llevarlo a cabo”.

 

¿Una nueva Dirección General?

El traslado de los trabajadores de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible a las oficinas de la AECID ha avivado los comentarios y en algunos casos temores sobre el futuro de esta última. Fuentes de la dirección general indican a Confidencial Digital que se está hablando sobre una eventual transformación de la AECID en una dirección general más dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

“Esta operación tendría sentido, comentan, pues así la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional tendría dos direcciones generales a su cargo y no sólo una, como sucede ahora”. Un hecho este que, afirman, es bastante “inusual” entre los organigramas ministeriales.

Sin embargo, las fuentes oficiales de la AECID consultadas sostienen que lo único que se sabe por el momento es que las agencias estatales deben transformarse para adaptarse a lo previsto en la Ley 40/2015 en el plazo de tres años desde la aprobación de los PGE, pero que no se sabe aún la forma jurídica que adoptarán.

“No tenemos noticias de que la AECID se vaya a transformar en Dirección General del Ministerio de Exteriores”, asegura a ECD un portavoz de la Agencia Española de Cooperación Internacional Desarrollo. Y añade: “En todo caso la reorganización de la estructura ministerial excede a las competencias de AECID, por lo que no podemos  pronunciarnos al respecto”.

Descontento en la Secretaría de Cooperación con el nuevo rumbo

Fuentes cercanas a la agencia estatal afirman que, de ser ciertas las informaciones sobre la transformación de la AECID en una dirección general, esta decisión no sería la más acertada. Sostienen que, por la tipología de gestión que realiza esta agencia estatal, transformar la AECID en una dirección general no sería la figura jurídica más favorable a las necesidades de gestión de la Cooperación española.

Esta discrepancia se suma a un descontento más general en el seno de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional que ha ido creciendo durante esta legislatura. ECD ha podido saber que al menos dos decisiones tomadas por el nuevo equipo ministerial han generado malestar entre la cooperación española.

En primer lugar, la sustitución de Juan Pablo de Laiglesia al frente de la Secretaría de Estado. La elección de la diplomática Ángeles Moreno Bau no ha sido bien recibida entre los trabajadores del órgano público. Sostienen que Moreno Bau “no ha hecho nunca Cooperación en su carrera”, a diferencia de su predecesor, experto en la materia.

A las dudas que suscita la idoneidad para el cargo de la nueva Secretaria de Estado se le suma la desaprobación de la reciente decisión por parte de la ministra de Exteriores de llevarse los asuntos de Iberoamérica a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.

Este periódico ha sido conocedor de que la reestructuración ministerial que arrebata a Cooperación las competencias sobre asuntos de Iberoamérica ha sido interpretada por trabajadores de  la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible como una evidencia más de la intención por parte de González Laya de “adelgazar” y degradar la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, reduciendo sus atribuciones.

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