Familiares de enterrados en el Valle de los Caídos amenazan con denunciar al Gobierno ante los tribunales internacionales
Advierten que reaccionarán si la nueva Ley de Memoria Democrática supone exhumar y trasladar los restos mortales que se encuentran en el monumento
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros del martes 15 de septiembre ha suscitado inmediatas reacciones en contra de entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco, amenaza de cierre por esta nueva norma.
Con los detalles que se han conocido de los cambios que supondrá la entrada en vigor de esa ley -si se llega a aprobar en las Cortes Generales y en los términos que plantea el Gobierno-, también ha tomado postura la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que asegura representar a “un más que significativo número de familias” con muertos de ambos bandos de la Guerra Civil enterrados en los osarios del Valle de los Caídos.
Esta asociación afirma que las familias a las que representa hace tiempo que pusieron de manifiesto, en un escrito dirigido a Patrimonio Nacional, su negativa a dar permiso a que los restos mortales de sus familiares que se encuentran en el monumento de Cuelgamuros “sean removidos, trasladados y ni mucho menos sometidos a proceso de identificación forense de cualquier tipo”.
De ahí que ya avisen que “esta Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos emprenderá cualquier iniciativa de tipo legal, incluyendo las que competan a organismos y Tribunales internacionales en defensa de las familias de caídos inhumados en el Valle de los Caídos cuya representación legal ostenta esta asociación”.
Y es que, a su juicio, el anteproyecto de ley de Memoria Democrática supone “una discriminación y persecución por motivos de opinión e ideológicos insoportable para la ciudadanía contraria a los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, a los artículos 1, 7 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
De ahí que amenacen con llevar el asunto ante “organismos y tribunales internacionales”.
Informes que desaconsejan las exhumaciones
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos también denuncia que el Ejecutivo PSOE-Podemos “no parece dispuesto a tomar en consideración” varios informes que encargó el Gobierno de España hace años, y que a su juicio “son extraordinariamente taxativos”.
En primer lugar, citan un “informe forense del Ministerio de Justicia fechado el 15 de diciembre de 2011 y firmado por el prestigioso forense D. Andrés Bedate Gutiérrez”, que según indican “ya dejó claro que la complejidad de exhumación de cualquier resto del Valle de los Caídos es ‘extrema’”.
El segundo informe también es del Ministerio de Justicia, pero ya del 28 de febrero de 2018. En ese documento Justicia “cuantificó en 213.392.846,23 euros el incremento de los créditos presupuestarios para acometer la exhumación e identificación de los restos de los caídos que reposan en los osarios de la Basílica del Valle de los Caídos”.
El tercer documento es un informe del Consejo Médico Forense con fecha 1 de octubre de 2018, que “pone de manifiesto en al menos 24 ocasiones la extrema dificultad de exhumación de restos desde diferentes puntos de vista especialmente los técnicos y jurídicos”.
Vigilarán la “resignificación” del Valle
Esta entidad también va a estar muy vigilante cuando se conozca el texto del proyecto de ley, ya que quiere examinar con detalle los argumentos con los que el Gobierno justificará jurídicamente la “resignificación” del Valle de los Caídos. De nuevo señalan que llevarán a los tribunales cualquier iniciativa que consideren ilegal.
“Por último, no podemos dejar de expresar nuestro pesar al observar cómo, para el gobierno no existen más víctimas de la guerra que las de un solo signo”, lamentan, ya que “al igual que en el tema de las exhumaciones de restos del Valle para el gobierno parece haber muertos de “primera” y muertos de “segunda””
Opinan que “si con este borrador de Ley se hubiera sido mínimamente ecuánime, el gobierno no sólo obtendría algo de (fingida) objetividad, sino que además daría cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo condenatoria del comunismo (2019/2819 RSP)”.
