Felipe VI necesitará una ley orgánica, de peligrosa tramitación, si quiere excluir a Juan Carlos I de los derechos al Trono

Las revelaciones sobre los negocios, comisiones y cuentas en el extranjero de don Juan Carlos han colocado al rey Felipe VI en una situación muy delicada, porque, según expertos consultados por Confidencial Digital, puede estar jugándose su propio destino y el futuro de la monarquía en España.

Al mismo tiempo, el monarca está recibiendo, sobre todo desde ámbitos del Gobierno, incluidos algunos ministros, presiones para que  haga "algo" cuanto antes, a la vista del escándalo que se está produciendo.

Se trataría de tomar una determinación nueva, además de lo ya aprobado cuando le separó del presupuesto de la Casa del Rey.

Quitarle el tratamiento de Majestad

Una opción inicial que podría adoptar Felipe VI es anunciar que priva a su padre del tratamiento de Majestad y del uso del título de Rey, y dejar de invitarle a los actos familiares que considere oportuno.

Como es conocido, cuando se produjo la abdicación, don Juan Carlos pidió a su hijo conservar el título de Rey, sin añadidos del tipo de Rey Padre, o Rey Emérito, aunque esta última denominación se ha impuesto de modo generalizado.

Sería un gesto semejante a lo que ya hizo Felipe VI cuando retiró a su hermana, la infanta Cristina, el ducado de Palma después de que se viera imputada en el caso Nóos.

Una situación compleja

Sobre el mantenimiento o no del título, hay que recordar que, cuando llegó al Trono, don Juan Carlos no otorgó título de Rey ni de Majestad a su padre, don Juan de Borbón. Cuando este cedió los derechos dinásticos a su hijo, pidió conservar el título de conde de Barcelona, como así se hizo.

Los expertos consultados por Confidencial Digital apuntan la posibilidad de una situación complicada que podría producirse en el caso de que a don Juan Carlos no le retiraran la condición de Rey.

Si se produjera su fallecimiento sin que se hubieran sustanciado judicialmente los asuntos pendientes y sin que se le hayan retirado los títulos, desde el punto de vista del protocolo oficial el anterior rey tendría que ser enterrado con honores de Jefe del Estado, con funerales de Estado y con todos los requisitos, incluyendo presencia de delegaciones extranjeras.

Qué es la Familia Real

Igualmente se ha manejado la posibilidad de excluir a don Juan Carlos de la Familia Real. Expertos en monarquías consultados por ECD explican que esa medida constituye un problema jurídico de muy difícil solución, entre otras cosas porque no existe una definición exacta de Familia Real.

Hay personas relacionadas con el rey por diferentes lazos de parentesco, de las cuales unas tienen derecho de sucesión en la Corona y otras, no. En principio, las que tienen derecho de sucesión en los más inmediatos llamamientos son las que forman parte de la Familia Real.

Según decisión de Felipe VI, la actual Familia Real está integrada por los reyes y sus hijas, y por los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía.

Desde un punto de vista más amplio, sin embargo, de acuerdo con el real decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes son también Familia Real las infantas Elena y Cristina y sus hijos (son excelentísimos señores, con posición protocolaria equiparable a Grandes de España).

El caso de la infanta Cristina

Expulsión de la Familia Real es un término evanescente, según dichos expertos. Por ejemplo, en el caso de la Cristina de Borbón, a pesar de habérsele retirado por decisión de su hermano el rey el ducado de Palma de Mallorca, con motivo del caso Nóos, y de haberle apartado durante años de la proximidad de la familia, sigue siendo infanta y Alteza Real, y no ha sido excluida del orden de llamamientos a la Corona.

En cuanto a sus derechos dinásticos (a los que, en plena tormenta del caso Nóos, se negó a renunciar) se encuentra en una posición lejana, ya que pasan por delante de ella: las hijas de los reyes, el propio don Juan Carlos, su hermana la infanta Elena y los dos hijos de ésta, Felipe-Juan y Victoria Federica.

Desde que se vio exonerada judicialmente, Cristina asiste a algunos actos junto al resto de la familia.

Y de la infanta Eulalia

Un antecedente que citan los historiadores sobre ‘exclusión’ de la Familia Real es el de la infanta Eulalia, hija de Isabel II, a la que Alfonso XIII apartó de cualquier relación con la familia. Pero, sin embargo, no se le descartó de la sucesión de la Corona.

Eulalia de Borbón casó con su primo hermano Antonio de Orleans, duque de Galliera, hijo pequeño del duque de Montpensier, el promotor de la Revolución de 1868 que acabó con la monarquía y llevó al exilio a Isabel II.

Se divorció de él 14 años después, y Alfonso XIII, preocupado por el escándalo que suponía para la familia real, la envió al exilio. Ella publicó con seudónimo el libro “Al hilo de la vida”, prohibido en España por orden de Alfonso XIII.

Excluirle de los derechos al Trono

Otra de las posibles salidas que se ha manejado, en este caso para colocar un cortafuegos definitivo, que aísle completamente a Felipe VI de las consecuencias del escándalo económico que rodea a su padre, sería excluir a don Juan Carlos de los derechos al Trono.

Esa decisión resulta relevante, porque en este momento el rey emérito figura en la lista de candidatos al Trono en tercera posición, detrás de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. De manera que, si se produjera la desaparición de don Felipe y sus hijas, automáticamente se convertiría de nuevo en rey de España.

No es la primera vez en la historia que un rey que ha abdicado vuelve al trono por fallecimiento de su hijo. Ocurrió con Felipe V, que abdicó en su hijo Luis I y recuperó la Corona por la pronta muerte de este último.

Una ley orgánica

Se trata de una decisión mucho más traumática para Felipe VI, pero al mismo tiempo con muchos riesgos porque, según las fuentes consultadas, eso obligaría a poner en marcha un mecanismo político y legal altamente peligroso para la Institución: tramitar y aprobar una ley orgánica.

Requeriría una ley orgánica porque así lo establece el artículo 57.5 de la Constitución, que dice: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”.

Un camino con muchos riesgos

Promover esa ley orgánica ofrece la dificultad de que tendría que ser aprobada por las Cortes con una mayoría cualificada, y previas discusiones parlamentarias en las que existe el riesgo, más que probable, de que se conviertan en un debate de fondo sobre la continuidad o no de la monarquía. Una situación que en La Zarzuela no querrían que se produjera.

Como es sabido, la Casa del Rey busca evitar que se suscite en el país un debate general sobre la monarquía, y por eso se ha resistido a que se celebren referéndums para reformar de la Constitución sobre asuntos aislados, como ocurre con la prevalencia del varón sobre la mujer a la hora de la sucesión en el Trono, que todavía está vigente.

Esperar a que haya sentencia

El problema que afronta Felipe VI, a la hora de tomar cualquier decisión que afecte a su padre, es que, si lo hace ya y en firme, sería tanto como ‘condenarle’ antes de que se pronuncie la Justicia.

Por ese motivo, los analistas consultados por ECD consideran que el rey no tomará una determinación hasta que no haya una sentencia firme, o al menos una decisión de los tribunales que afecte a la situación actual de don Juan Carlos.

El problema de esperar a que exista una sentencia es que tal situación podría no llegar nunca, a la vista de las circunstancias judiciales del caso, del debate sobre la inviolabilidad y de la prescripción de los hechos. Y, en todo caso, tardará años.

Un renuncia voluntaria

Otra posibilidad que se maneja en ámbitos cercanos a La Zarzuela es que el propio don Juan Carlos decida voluntariamente renunciar al título de Rey y al tratamiento de Majestad, con lo que evitaría a su hijo tener que tomar una decisión tan fuerte. E incluso que renuncie también a los derechos al Trono.

Hasta se habla de que optaría por abandonar el Palacio de La Zarzuela, e incluso de que abandone España, al menos temporalmente, en una especie de auto exilio.

Tales decisiones, sin embargo, ofrecen igualmente la dificultad de que podrían interpretarse como que don Juan Carlos se reconoce “culpable” de las acusaciones que le están formulando.