La fiscal general rechazó eliminar el delito de rebelión para los presos independentistas
María José Segarra respondió al Gobierno que no podía tumbar el escrito de acusación de los cuatro fiscales encargados del caso
El juicio del 1-O marcará el calendario de la Justicia en 2019. Dará comienzo previsiblemente en enero y en principio finalizará en mayo, en torno al domingo 26, días de las elecciones autonómicas y municipales.
El abogado del Estado
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, protagonizó una polémica al no pedir que los procesados se sienten en el banquillo por un delito de rebelión.
El abogado del Estado, Edmundo Bal, se negó a firmar el escrito de acusación y ha sido apartado del caso.
Desde la oposición, se entendió como un gesto hacia los partidos independentistas, en un intento de cortejarlos para que den su apoyo a los presupuestos generales del Estado.
La Fiscalía
Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, la estrategia de Moncloa, antes de acudir a la Abogacía del Estado, fue intentar que la propia Fiscalía retirara ese delito de su escrito de acusación.
La fiscal general, María José Segarra, ha afirmado varias veces en público que no ha recibido indicaciones ni presiones del Gobierno para que actúe de un modo u otro en la causa.
Rechazo de Segarra
Las fuentes consultadas por ECD afirman que Segarra fue sondeada por parte del Gobierno, pero que la fiscal general rechazó influir en la causa en un sentido u otro.
Alegó que no podía deshacer la labor de los cuatro fiscales encargados del caso, que desde el principio han abogado por acusar a los líderes independentistas de rebelión.
Además, argumentó que acababa de ser nombrada y que no podía tomar medidas tan drásticas como imponer su criterio para cambiar el rumbo del Ministerio Público.
A la vista de su decisión, el Gobierno decidió retirar la rebelión del escrito de la Abogacía del Estado.
