Francia elige limitar la libertad para evitar desórdenes públicos
No se entiende del todo que el país de la gran revolución de finales del XVIII esté a punto de aceptar límites innecesarios a la libertad, uno de sus tres grandes principios. Se trata de la conocida popularmente como ley anticasseurs, es decir, contra la presencia de alborotadores violentos más o menos provocadores en las manifestaciones públicas. El planteamiento es suficientemente discutible como para que cincuenta diputados de la mayoría, La República en marcha de Macron, se hayan abstenido, quizá esperando una segunda lectura, tras un nuevo repaso del proyecto en el Senado.
No es necesario comulgar con teorías complotistas para advertir cómo crecen en el mundo las amenazas a la libertad, que no fue fácil introducir en los ordenamientos jurídicos. La hipersensibilidad de la protesta ante los fenómenos reduccionistas de Hungría o Polonia, contrasta con la pasividad ante proyectos tanto o más populistas que avanzan en Estados Unidos, en el Reino Unido, o en la propia España: socavan el estado de derecho, con evidente confusión de planos políticos y jurídicos. Se olvidan conceptos elementales, como el principio de la jerarquía de las normas, se ignoran las advertencias de los “letrados” en las cámaras legislativas o en los ayuntamientos, se dilata la aplicación de sentencias judiciales (dictadas ya con excesivo y endémico retraso).
En la Facultad de Derecho aprendimos que es preferible que un delincuente goce de libertad a que sea condenado un inocente: casi todo el mundo lo comparte. Más difícil es aceptar los límites al libre albedrío para prevenir males futuros. Pero es forzoso reconocer que –también en el campo fiscal o bancario, en nombre de la lucha contra el fraude o el blanqueo de dinero de oscuros orígenes, o en el ámbito de la protección de datos personales-, ese tipo de exigencias suelen causar molestias y daños a la gente honrada, sin evitar en la práctica los males contra los que se pretende luchar.
Existe el precedente de la censura del Consejo Constitucional, en junio de 2017, a una herramienta del estado de emergencia establecido durante la presidencia de François Hollande tras los atentados de noviembre de 2015. Los prefectos aplicaron también una disposición de 1955, en el contexto de la guerra de Argelia, contra cualquiera que pretendiese “obstaculizar, de cualquier modo, la acción de las autoridades públicas”. El Consejo señaló la falta de garantías.
La nueva proposición de ley pretende la “prevención y sanción de la violencia durante las manifestaciones”, a partir de un proyecto elaborado y aprobado por el Senado en otoño de 2018. La iniciativa actual fue impulsada por el primer ministro Edouard Philippe al comienzo de enero, tras otro sábado de movilización de los "chalecos amarillos" con demasiada violencia. Se estima oficialmente que los manifestantes habrían causado en total heridas –aparte de muertes accidentales-, a unas tres mil personas, entre ellas un millar de policías.
Existe cierto ambiente popular de rechazo hacia esos desórdenes, pero el centro de la discusión es el poder otorgado a los prefectos -es decir, a la autoridad administrativa, no al juez- de prohibir cualquier manifestación que “constituya una amenaza particularmente grave para el orden público", a partir de la presencia de acciones violentas en manifestaciones anteriores.
No parece lógico, para responder preventivamente a posibles agresores violentos, establecer un régimen excepcional que puede aplicarse a cualquier ciudadano. Ante las acusaciones de socavar las libertades públicas, el ministerio del interior responde que el derecho de manifestación debe ser protegido, para que no pueda ser utilizado a modo de chantaje. Pero, aparte de la ineficacia –ya demostrada, por ejemplo, en materia de prevención de la violencia semanal en los estadios de fútbol-, como señalaba Le Monde en su editorial del 1º de febrero, “el fin, por legítimo que sea, no justifica todos los medios”. Días después, François Sureau, un abogado próximo a Macron, opuesto al control administrativo del derecho a manifestarse, denunciaba que ese tipo de norma intimida a los ciudadanos, no a los delincuentes. Porque, en el fondo, se desea limitar las manifestaciones, no la violencia.
Sin caer en la tesis que identifica democracia con relativismo –ausencia de verdad-, forzoso es reconocer que el ejercicio de las libertades públicas no puede ser completamente pacífico: es preciso pagar el precio de algunos desórdenes públicos inevitables. Se deben castigar a posteriori los crímenes. Pero no es justo apoyarse en una presunción administrativa –de hecho, policial- de posibles delitos, para impedir el ejercicio de las libertades o limitarlas con el establecimiento de previas autorizaciones gubernativas.
